Términos y condiciones web | Art. 76 bis LFPC | México

Los términos y condiciones de un sitio web son un contrato de adhesión en el sentido del artículo 85 de la LFPC: un texto elaborado unilateralmente por el proveedor, en formato uniforme, que fija las reglas de acceso, uso y compra sin que el usuario negocie una sola cláusula. Ese mismo artículo exige que esté escrito en idioma español, con caracteres legibles a simple vista, y prohíbe imponer prestaciones desproporcionadas. La consecuencia práctica es doble. Un clausulado que solo existe en la versión en inglés del sitio no protege a la empresa frente a un usuario mexicano, y una cláusula escondida tras tres capas de enlaces difícilmente se tendrá por aceptada en una conciliación ante la PROFECO.

Tres documentos se confunden con frecuencia. Los términos y condiciones regulan la relación contractual: cómo se forma el pedido, qué precio aplica, cuándo procede una devolución y quién responde por qué. El aviso de privacidad cubre el tratamiento de datos personales y responde a una ley distinta. La política de cookies documenta las tecnologías de rastreo. Publicarlos por separado es lo habitual en los despachos que atienden comercio electrónico, porque mezclarlos produce un texto imposible de actualizar. Dentro del documento conviene además distinguir las condiciones de uso, aplicables a cualquier visitante, de las condiciones generales de venta, que solo obligan a quien concreta una compra.

El artículo 76 bis de la LFPC concentra las obligaciones del comercio electrónico mexicano y vale la pena leerlo fracción por fracción antes de publicar cualquier clausulado. La fracción I ordena tratar la información del consumidor de forma confidencial y prohíbe transmitirla a proveedores ajenos a la transacción sin autorización expresa. La fracción II obliga a informar, antes de la operación, las características generales de los elementos técnicos de seguridad utilizados. La fracción III exige publicar domicilio físico, números telefónicos y demás medios de contacto para reclamaciones, requisito que muchas tiendas omiten y que la Procuraduría detecta en sus monitoreos. Las fracciones IV y V prohíben las prácticas engañosas y reconocen el derecho a conocer términos, costos, cargos adicionales y formas de pago antes de confirmar el pedido.

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2025 añadió las fracciones VIII y IX y cambió las reglas para cualquier negocio de suscripción. El proveedor debe informar de forma clara y destacada la existencia del cobro recurrente, su periodicidad, el monto y la fecha de cargo, obtener consentimiento expreso, avisar la renovación automática con al menos cinco días naturales de anticipación y habilitar la cancelación inmediata. Un clausulado de suscripción anterior a esa fecha está desactualizado.

Alrededor de ese eje operan otras normas. Los artículos 86 a 90 de la LFPC regulan los contratos de adhesión y la nulidad de las cláusulas abusivas; el artículo 90 tiene por no puestas las que permiten modificar el contrato de forma unilateral, las que liberan al proveedor de responsabilidad civil y las que someten al consumidor a tribunales extranjeros. El artículo 56 concede cinco días hábiles de revocación en las ventas mediatas o indirectas. Los artículos 89 a 114 del Código de Comercio dan valor probatorio a los mensajes de datos y la NOM-151-SCFI-2016 fija su conservación. El consentimiento electrónico es válido conforme a los artículos 1803 y 1834 bis del Código Civil Federal. En materia de datos rige la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares del 20 de marzo de 2025, vigilada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Conviene verificar la redacción exacta de cada fracción en el texto vigente de la Ley Federal de Protección al Consumidor publicado por la Cámara de Diputados.

La situación más común es el lanzamiento de una tienda en línea que cobra con pasarela de pago. Desde el primer pedido nace una relación de consumo y el clausulado debe exhibirse antes de la confirmación, no después. El segundo caso son las plataformas de suscripción y el software como servicio, donde las nuevas fracciones obligan a rediseñar el texto y el flujo de cancelación. Los marketplaces forman un tercer grupo, con la dificultad de deslindar la responsabilidad del intermediario frente a la del vendedor final, deslinde que la Procuraduría revisa con lupa cuando recibe reclamaciones en cadena.

También lo necesitan los sitios que no venden de forma directa. Un blog con área de miembros o una aplicación gratuita financiada con publicidad fijan reglas de uso aceptable, propiedad intelectual y suspensión de cuentas que solo son oponibles si están publicadas. Lo mismo aplica al profesional independiente que capta clientes por internet y formaliza después con un contrato de prestación de servicios profesionales.

Dos supuestos límite merecen atención. Cuando la plataforma opera solo entre empresas, la LFPC no resulta aplicable porque no hay consumidor final, y el contrato se rige por el Código de Comercio con un margen de negociación mucho mayor. Y cuando una sociedad extranjera dirige publicidad y envíos al público mexicano, el vínculo cae bajo la ley nacional aun sin establecimiento en el país.

• La identificación del proveedor abre el documento con denominación social, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio físico y canales de atención. Es el cumplimiento literal de la fracción III del artículo 76 bis y la primera omisión que se detecta en una verificación.
• El perfeccionamiento del pedido define el momento exacto en que nace el contrato, que suele ser la confirmación electrónica del proveedor y no el clic del usuario. Esa distinción decide quién soporta un error de precio publicado.
• La cláusula de precios, impuestos y cargos adicionales obliga a expresar el precio en moneda nacional, con el impuesto al valor agregado desglosado y los gastos de envío visibles antes del pago. Un cargo que aparece al final del proceso es una práctica engañosa sancionable.
• Las devoluciones y garantías articulan el plazo de revocación del artículo 56 con la garantía del artículo 92 de la LFPC, que permite al consumidor elegir entre reposición, bonificación o devolución del precio cuando el bien no corresponde a lo ofrecido.
• El régimen de cobros recurrentes incorpora el aviso previo de renovación y el mecanismo de cancelación inmediata que exige la reforma de diciembre de 2025, con la evidencia de consentimiento que el proveedor deberá acreditar.
• La propiedad intelectual reserva los derechos sobre marcas, código, textos e imágenes conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor, y licencia de forma acotada el contenido que suben los usuarios. Cuando la empresa recibe materiales de terceros conviene reforzarla con un convenio de confidencialidad adaptado a información técnica y comercial.
• La limitación de responsabilidad se redacta dentro de los límites del artículo 90, excluyendo el daño indirecto y las interrupciones no imputables al proveedor, sin pretender una exoneración total que la ley tendría por no puesta.

Comercio electrónico de bienes físicos. El punto sensible es el plazo de entrega. Cuando el sitio anuncia una fecha y no la cumple, el consumidor puede exigir la bonificación prevista en el artículo 92 ter de la LFPC además de la devolución del precio. El clausulado debe distinguir entre plazo estimado y plazo comprometido, y explicar el tratamiento de los envíos parciales.

Plataformas de suscripción y SaaS. Aquí se concentra el riesgo regulatorio actual. Un flujo de cancelación que obliga a llamar por teléfono cuando el alta se hizo con dos clics contraviene la fracción IX del artículo 76 bis. El texto debe describir el mecanismo de baja, el efecto de la cancelación sobre el periodo ya pagado y la conservación de los datos tras la terminación.

Marketplaces e intermediarios. La cláusula de deslinde no basta por sí sola. Conviene documentar el papel del operador en el cobro, la facturación y la logística, porque la responsabilidad frente al consumidor tiende a seguir a quien controla el dinero.

Contenidos digitales y descargas. El artículo 56 no opera igual cuando el servicio se presta de inmediato. El documento debe informar que la ejecución instantánea limita la revocación, y prever la cesión de derechos cuando el usuario aporta obra propia, tema que se resuelve con un contrato de cesión de derechos entre particulares.

Jurisdicción local. La competencia territorial se pacta por costumbre en el domicilio del proveedor, pero frente a consumidores esa sumisión cede: el artículo 90, fracción VI, invalida cualquier renuncia a la protección de la ley y la sumisión a tribunales extranjeros. En la práctica las controversias llegan primero a la conciliación de la Procuraduría y, si no prosperan, a los juzgados civiles del domicilio del consumidor, sea la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León o el Estado de México.

El formulario empieza por el tipo de plataforma, porque las obligaciones cambian según vendas bienes, servicios, suscripciones o accesos gratuitos. Con esa respuesta el documento activa o desactiva bloques completos, como el de cobros recurrentes o el de envíos. Después capturas los datos de la sociedad, el domicilio fiscal, el correo de atención y el teléfono, que se insertan en la cláusula de identificación exigida por la fracción III.

El siguiente tramo cubre la operación comercial: medios de pago, moneda, momento de facturación, plazos de entrega, política de devoluciones y garantías. Si marcas la casilla de suscripción, el modelo incorpora el aviso previo de renovación y la cancelación inmediata. Al final defines la ley aplicable, la vía de solución de controversias y el procedimiento de modificación del clausulado, que debe prever notificación previa al usuario.

Descargas el resultado en Word para ajustar la redacción a tu marca y en PDF para archivarlo con fecha cierta. Publícalo en una página accesible desde el pie de todas las secciones y exige aceptación activa mediante casilla no premarcada antes del pago. El catálogo de documentos para empresas mexicanas reúne los contratos que suelen acompañar a un proyecto digital.

El error más costoso es copiar el clausulado de una plataforma extranjera y traducirlo. Ese texto suele someter las controversias a tribunales de otro país y limitar la responsabilidad de forma absoluta, dos cláusulas que el artículo 90 tiene por no puestas y que revelan negligencia ante la autoridad. El segundo error es publicar el documento sin mecanismo de aceptación: sin casilla activa ni registro del clic, el proveedor no puede acreditar que el usuario conoció las condiciones, y la duda razonable se interpreta en su contra. El tercero consiste en anunciar precios sin impuestos o con cargos que aparecen en el último paso de la compra.

Hay un cuarto descuido que se repite en empresas consolidadas. Los términos y condiciones se redactan una vez y no se vuelven a tocar, aunque cambien el modelo de negocio o la ley. La reforma de diciembre de 2025 dejó obsoleto el clausulado de suscripción de miles de sitios mexicanos. El quinto error es tratar el documento como sustituto del aviso de privacidad; son textos con fundamento legal distinto, y quien los fusiona termina incumpliendo los dos. Descarga aparte tu modelo de aviso de privacidad integral y simplificado.