Ciudad de México fue la primera entidad en romper con el modelo de causales. La reforma de octubre de 2008 introdujo el divorcio sin expresión de causa en el artículo 266 del Código Civil local y, en la fracción VI del artículo 267, la compensación de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes a favor del cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de las hijas e hijos. La Primera Sala de la Suprema Corte la consideró constitucional siempre que no se exija una dedicación exclusiva al hogar, y explicó que busca equilibrar el patrimonio de quien, por asumir las cargas domésticas, no pudo desarrollarse laboralmente en igualdad de condiciones (amparo directo en revisión 4883/2017). El Congreso capitalino ya emitió su declaratoria de vigencia del Código Nacional y escalonó las fechas de aplicación: para el divorcio, el Código Nacional se aplicará a partir del 1 de abril de 2027, y hasta entonces rige el código procesal local.
Estado de México incorporó el divorcio sin expresión de causa en 2012 y, mientras el Código Nacional no se aplique al divorcio en la entidad, el trámite sigue las reglas de su código de procedimientos civiles; conviene revisar la declaratoria de la Legislatura mexiquense antes de presentar la solicitud. Como en cualquier entidad, la adjudicación de un inmueble en el convenio no basta para cambiar al titular registral: hay que formalizarla ante notario e inscribirla en el registro público de la propiedad.
Nuevo León conserva la tramitación judicial ante los juzgados de lo familiar y el divorcio administrativo ante el Registro Civil para matrimonios sin hijos ni bienes. La vía notarial que abre el artículo 661 del Código Nacional depende de que ese código ya se aplique al divorcio en el estado y de los supuestos que fija la ley, por lo que conviene revisar antes la declaratoria local.
Puebla, como el resto de las entidades, regula con reglas propias el divorcio sin intervención judicial: el administrativo ante el Registro Civil cuando no hay hijos menores ni bienes por liquidar y, en algunos códigos, la vía notarial. Los requisitos cambian de un estado a otro, así que conviene confirmarlos en el código civil local o en el Registro Civil antes de descartar la vía judicial, que sigue siendo la habitual cuando hay hijas o hijos menores.