Convenio de divorcio | Art. 656 CNPCF | Word y PDF

Para efectos procesales es la propuesta que los dos cónyuges presentan al juzgado familiar dentro del trámite que el Código Nacional denomina divorcio bilateral. No es un contrato privado que produzca efectos por sí mismo: mientras la autoridad no lo apruebe en audiencia, ninguna cláusula resulta exigible. Aprobado el convenio, se incorpora a la sentencia y adquiere fuerza de cosa juzgada, de modo que puede ejecutarse por la vía de apremio si un excónyuge deja de pagar la pensión o se niega a entregar un bien.

Conviene distinguirlo de la propuesta que acompaña al divorcio incausado, que proviene de un solo cónyuge y suele discutirse en un incidente posterior. Aquí el documento es bilateral desde el origen, firmado por los dos, lo que reduce el asunto a una sola audiencia. Tampoco es el acuerdo de separación que muchas parejas firman ante testigos: ese papel no disuelve el vínculo ni obliga al Registro Civil a anotar nada. La categoría de documentos de familia y divorcio para México reúne los escritos preparatorios que suelen acompañarlo.

El trámite se rige por los artículos 654 a 662 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023. El artículo 654 fija la competencia en la autoridad del último domicilio conyugal, salvo sumisión expresa a otra, y el artículo 655 abre tres vías: la jurisdiccional, la notarial y la del Registro Civil. La judicial sigue siendo la habitual, y para ella el artículo 656 exige copia certificada del acta de matrimonio, copias certificadas de las actas de nacimiento de los menores y la propuesta de convenio, con un contenido mínimo: guarda y custodia, pensión alimenticia, régimen de convivencias, pensión que en su caso corresponda a un divorciante y forma de distribuir los bienes, derechos y obligaciones adquiridos durante el matrimonio conforme al régimen patrimonial pactado.

El artículo 657 ordena dar vista al agente del Ministerio Público cuando se afecten derechos de niñas, niños o adolescentes, y manda citar a una única audiencia dentro de los diez días siguientes. Ahí se ratifica, se revisa y en su caso se aprueba el convenio; la sentencia se dicta oralmente en ese acto, es irrecurrible y causa ejecutoria por ministerio de ley. Dos límites de fondo condicionan la redacción: el artículo 4o. constitucional impone el interés superior de la niñez como criterio rector, y el artículo 321 del Código Civil Federal establece que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. El Código Nacional entra en vigor de forma gradual, conforme a la declaratoria de cada congreso local y sin exceder del 1 de abril de 2027, por lo que en varias entidades todavía rige el esquema del artículo 273 del Código Civil Federal. Conviene revisar el texto vigente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado por la Cámara de Diputados y la declaratoria de tu estado.

El supuesto más frecuente es el matrimonio con hijas o hijos menores que se separa sin pleito. Ahí el convenio es obligatorio y el Ministerio Público lo revisa cláusula por cláusula: un texto vago sobre alimentos o convivencias regresa con prevenciones y retrasa la audiencia. El segundo escenario es el matrimonio bajo sociedad conyugal con inmueble, crédito hipotecario o negocio en común: lo que interesa al juez es quién se queda con qué y quién asume el pasivo. Cuando el régimen fue de separación de bienes y uno de los cónyuges se dedicó al trabajo del hogar, el convenio es el lugar natural para pactar la compensación económica en vez de reclamarla después por incidente.

Dos situaciones de borde aparecen seguido. La primera es la del hijo mayor de edad que estudia y sigue requiriendo alimentos: no basta con decir que cumplió dieciocho años, hay que pactar hasta cuándo se mantiene la pensión. La segunda es la del cónyuge que reside en el extranjero, que firma con firma ratificada y acompaña el poder correspondiente. Si además habrá viajes con los menores, el acuerdo se complementa con una autorización de viaje para menor de edad firmada por ambos progenitores.

• La guarda y custodia se redacta indicando el progenitor que la ejercerá de manera cotidiana y precisando que la patria potestad se mantiene compartida, salvo resolución en contrario. Incluye el domicilio en que vivirán los menores, dato que los juzgados revisan con especial atención.
• El régimen de convivencias se detalla con días, horarios, lugar de entrega y reparto de vacaciones y fiestas decembrinas. Las fórmulas abiertas del tipo "cuando las partes lo acuerden" son la causa más común de prevención, porque no son ejecutables.
• La pensión alimenticia se expresa en un porcentaje del ingreso neto del deudor o en una cantidad fija actualizable, con cuenta de depósito y garantía de pago. El modelo prevé también la pensión entre cónyuges cuando procede.
• La liquidación de la sociedad conyugal enumera bienes muebles e inmuebles, deudas y adjudicación de cada uno, con mención del crédito de vivienda y del cónyuge que lo seguirá pagando. Si la salida acordada es vender la casa, el paso siguiente es un contrato de compraventa de inmueble ante notario.
• Las declaraciones bajo protesta de decir verdad cierran el documento: inexistencia de otros bienes, compensación por trabajo del hogar cuando el régimen fue de separación de bienes, y conformidad expresa con todo el clausulado.

Ciudad de México fue la primera entidad en romper con el modelo de causales. La reforma de octubre de 2008 introdujo el divorcio sin expresión de causa en el artículo 266 del Código Civil local y, en la fracción VI del artículo 267, la compensación de hasta el cincuenta por ciento del valor de los bienes a favor del cónyuge que se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de las hijas e hijos. La Suprema Corte confirmó la constitucionalidad de esa figura y precisó que su naturaleza es resarcitoria. El Congreso capitalino ya emitió su declaratoria de vigencia del Código Nacional y escalonó las fechas de aplicación.

Estado de México replicó el divorcio incausado por decreto de mayo de 2012 y admite además la intervención notarial cuando no hay hijos menores ni sociedad conyugal pendiente de liquidar. En los juzgados familiares de Toluca, Naucalpan y Ecatepec la revisión se concentra en la garantía de la pensión, y es frecuente que se prevenga al promovente para señalar una fuente de pago. La adjudicación de un inmueble en el convenio no traslada la propiedad por sí sola: hace falta escriturar ante notario e inscribir en el Registro Público de la Propiedad.

Nuevo León conserva la tramitación judicial ante los juzgados de lo familiar y el divorcio administrativo ante el Registro Civil para matrimonios sin hijos ni bienes. Hay una iniciativa ante el Congreso local para facultar a los notarios a formalizar divorcios de mutuo acuerdo, con exclusión de los casos con violencia familiar, pero mientras no se apruebe esa vía no está disponible.

Puebla incorporó el divorcio notarial a su legislación civil antes de la unificación procesal: los cónyuges sin hijos menores y con la sociedad conyugal liquidada asientan el convenio en escritura pública, y el notario remite el oficio al Registro Civil.

Empiezas por indicar la entidad federativa y la fecha del matrimonio, porque de ahí dependen la autoridad competente y el catálogo de cláusulas. El formulario pregunta enseguida por el régimen patrimonial: con sociedad conyugal aparecen los campos de inventario y adjudicación de bienes; con separación de bienes aparece el apartado de compensación. Después capturas los datos de ambos cónyuges tal como constan en el acta de matrimonio, sin abreviaturas y con los dos apellidos, ya que cualquier discrepancia provoca una prevención.

El bloque de hijas e hijos solo se activa si declaras que existen menores. Ahí defines la custodia, el domicilio, el calendario de convivencias y la pensión, en porcentaje o en cantidad fija, y el sistema redacta la garantía y la cláusula de actualización. Al final revisas el documento en pantalla y lo descargas en Word para ajustar detalles o en PDF para imprimirlo y firmarlo.

El error que más convenios tumba es la renuncia a alimentos. Muchas parejas escriben que ninguna reclamará pensión para los hijos porque se pondrán de acuerdo aparte, y el juez rechaza la cláusula de plano: el artículo 321 del Código Civil Federal prohíbe renunciar a ese derecho o transigir sobre él. El segundo error es tratar la adjudicación de un inmueble como si fuera una transmisión de propiedad. El convenio aprobado sirve de título para escriturar, pero mientras no se inscriba la escritura el bien sigue a nombre de quien lo tenía. Algo parecido pasa con los créditos de vivienda: el acuerdo entre excónyuges no libera al acreditado frente al instituto que otorgó el financiamiento.

Le sigue la redacción imprecisa del régimen de convivencias, que convierte cualquier desacuerdo en un incidente. Conviene revisar los anexos antes de presentar: sin copia certificada del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento, el artículo 656 no se tiene por cumplido. Y hay una consecuencia procesal que sorprende: si una parte falta a la audiencia se fija nueva fecha dentro de diez días, y si vuelve a faltar el trámite se declara concluido. Por último, la sentencia deja sin efecto las disposiciones testamentarias a favor del excónyuge, de modo que conviene otorgar un nuevo testamento ológrafo conforme al Código Civil Federal.