Demanda de pensión alimenticia | Arts. 303 y 311 CCF

Es el escrito que abre un juicio familiar y delimita el objeto del litigio: quién debe alimentos, a favor de quién y desde cuándo. No se confunde con el acuerdo voluntario. Cuando hay entendimiento entre los progenitores, el camino natural es un convenio de pensión alimenticia conforme al artículo 311 del Código Civil Federal, que después se somete a aprobación judicial. La demanda es el instrumento contencioso: se usa cuando el deudor se niega a pagar, paga de manera irregular u oculta sus ingresos.

Conviene distinguirla también del incidente de aumento o reducción, que presupone una pensión ya fijada. Aquí no existe pensión previa, se pide que nazca. El contenido de la obligación viene del artículo 308 del Código Civil Federal: comida, vestido, habitación y asistencia médica, y respecto de menores los gastos de educación. Los códigos estatales ampliaron ese catálogo con gastos de embarazo y parto, atención psicológica y esparcimiento. El escrito debe pedir la pensión provisional de forma expresa, porque de ella depende que el acreedor reciba dinero durante los meses que dure el procedimiento.

El sustantivo federal está en los artículos 301 a 323 del Código Civil Federal: el 303 impone a los padres el deber de dar alimentos a sus hijos y, a falta de ellos, traslada la carga a los demás ascendientes; el 311 fija el principio de proporcionalidad y ordena el incremento automático de la pensión determinada por convenio o sentencia; el 315 enumera a quienes tienen acción para pedir el aseguramiento, entre ellos el acreedor, quien ejerce la patria potestad, el tutor y el Ministerio Público. El artículo 321 cierra el sistema: el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción.

El nivel procesal cambió con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023 y de aplicación gradual mediante declaratorias de los congresos locales, sin exceder del 1 de abril de 2027. Sus artículos 562 a 568 concentran la materia. El 562 obliga a dictar el auto admisorio a más tardar al día siguiente de recibida la solicitud, fijar una pensión alimenticia provisional y avisar a quien paga el ingreso del deudor para que aplique el descuento. El 563 concede tres días a la fuente de trabajo para informar percepciones exactas, bajo apercibimiento de multa de hasta doscientas Unidades de Medida y Actualización y de responsabilidad solidaria. Si no se acredita capacidad económica, el 564 manda fijar la pensión en salarios mínimos de la zona, sin que pueda ser inferior a uno. El 565 prevé el apercibimiento de embargo y la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuando el incumplimiento supera noventa días, registro creado por la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de mayo de 2023. Conviene revisar el texto vigente del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado por la Cámara de Diputados, porque mientras la declaratoria local no surte efectos siguen rigiendo el código procesal y el código civil de la entidad.

El supuesto más frecuente es la separación de hecho sin acuerdo económico. El progenitor que se va deja de aportar, quien ejerce la custodia asume el gasto completo y pasan meses antes de que alguien acuda al juzgado. Cada mes de espera es dinero difícil de recuperar: la pensión provisional corre desde el auto admisorio. El segundo escenario es el incumplimiento de un acuerdo verbal o de un convenio de guarda y custodia con obligaciones alimentarias que nunca se aprobó judicialmente y carece de fuerza ejecutiva. También se demanda cuando el deudor reduce la cantidad por decisión propia o cuando pasa de la nómina a los honorarios para simular una caída de ingresos.

Hay dos situaciones menos evidentes. La primera es la de hijas e hijos mayores de edad que estudian: la obligación no termina a los dieciocho años y la Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que el derecho subsiste mientras la persona cursa estudios con aprovechamiento. La segunda es la reclamación retroactiva posterior a un reconocimiento de paternidad, donde el criterio de la tesis 1a. XC/2015 (10a.) permite retrotraer la pensión al nacimiento. En ambos casos la carga probatoria es mayor y el escrito debe ofrecer desde el inicio constancias escolares, comprobantes de gasto y la sentencia de filiación.

• El proemio y la designación de la autoridad competente identifican al juzgado familiar que corresponda, a la parte actora, a la persona representada y al domicilio para oír notificaciones, incluido el buzón electrónico donde ya opera la justicia digital. Un proemio mal armado provoca prevención.
• El capítulo de prestaciones separa la pensión provisional, la definitiva, el aseguramiento del artículo 317 del Código Civil Federal, las retroactivas y el pago de gastos y costas. Cada una va en párrafo propio para que el juzgador provea sobre todas.
• La narración de hechos se ordena de forma cronológica y numerada: vínculo familiar, fecha de nacimiento, separación, aportaciones recibidas y gasto mensual. Cada hecho se redacta de modo que pueda vincularse con una prueba concreta.
• La medida provisional y la orden de descuento se piden al amparo de los artículos 562 y 563 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con los datos de la fuente de trabajo y la petición de que informe percepciones ordinarias y extraordinarias.
• El capítulo de pruebas incluye documentales públicas y privadas, informes a la fuente de trabajo, requerimiento a las autoridades fiscales, estudio socioeconómico y la presuncional legal y humana, relacionados uno a uno con los hechos.
• Los puntos petitorios y el capítulo de derecho citan los preceptos sustantivos y procesales aplicables, con espacio para sustituir la referencia al código local mientras el Código Nacional no entra en vigor. El resto de la categoría de documentos de familia y divorcio cubre los escritos que suelen acompañar a este.

Ciudad de México. El Código Civil para la Ciudad de México permite de manera expresa el cobro retroactivo en su artículo 309 y trata el derecho como imprescriptible, lo que abre la puerta a reclamar periodos anteriores a la demanda de pensión alimenticia. La capital opera además un Registro de Deudores Alimentarios Morosos a cargo del Registro Civil, cuya constancia se ha vuelto requisito en distintos trámites. Los juzgados exigen que el domicilio de la fuente de trabajo esté identificado antes de girar el oficio de descuento.

Estado de México. El Código Civil del Estado de México declara imprescriptible el derecho a recibir alimentos en su artículo 4.145, y el asunto se sigue ante el juzgado familiar del distrito judicial del domicilio del acreedor. En los distritos conurbados al Valle de México la carga de trabajo es alta, y presentar la demanda con todos los anexos completos evita una prevención que retrasa semanas la fijación de la pensión provisional. Acompaña copia certificada del acta de nacimiento.

Jalisco. El Código Civil del Estado de Jalisco extiende la obligación hasta los veinticinco años cuando la persona acreedora cursa estudios, conforme a su artículo 434, y declara el derecho imprescriptible en el 452. Sus tribunales valoran el esparcimiento y los gastos escolares dentro del concepto de alimentos, así que conviene desglosarlos.

Nuevo León. El Código Civil para el Estado de Nuevo León contempla el cobro retroactivo en su artículo 309 Bis, y la entidad reforzó las consecuencias del incumplimiento con un registro estatal de deudores que condiciona trámites administrativos. Los juzgados de Monterrey piden documentación financiera detallada, así que conviene ofrecer recibos de nómina, declaraciones fiscales y estados de cuenta desde el escrito inicial.

Empiezas eligiendo la entidad federativa donde vive el acreedor, dato que determina el juzgado competente y el código que se citará en el capítulo de derecho. Después capturas los datos de las partes, el vínculo que las une y la fecha de nacimiento de cada acreedor, porque de la minoría de edad depende la presunción de necesidad. El formulario pide enseguida la información económica: fuente de trabajo del deudor, régimen de ingresos, gasto mensual documentado y porcentaje o cantidad reclamada. Si desconoces el salario exacto, el modelo incorpora la petición de informes del artículo 563 para que el juzgado lo averigüe.

En el tramo final describes las pruebas y decides si pides pensiones retroactivas. El documento se genera en Word y en PDF, así que puedes ajustar la redacción antes de imprimir, firmar y presentar. Si vas a otorgar representación a una persona abogada, el poder general para pleitos y cobranzas conforme al artículo 2554 del Código Civil Federal resuelve la personalidad procesal.

El primero es presentar la demanda de pensión alimenticia reclamando un porcentaje sin identificar la fuente de trabajo. Sin domicilio del patrón, el juzgado no puede girar el oficio de descuento y la pensión provisional queda en el papel. El segundo es omitir la petición expresa de medida provisional: aunque la autoridad puede decretarla de oficio, el escrito que la pide con fundamento en el artículo 562 obtiene una resolución mejor motivada. El tercero es aceptar un acuerdo privado a la baja para evitar el juicio, pacto que choca con el artículo 321 del Código Civil Federal y que suele traducirse en años de aportaciones insuficientes.

También se pierde tiempo por descuido documental. Copia simple del acta de nacimiento, hechos sin fechas o comprobantes que no se relacionan con un hecho concreto provocan prevenciones. Cuando el deudor es asalariado, anexa cualquier constancia de la relación laboral, incluido el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado si obra en tu poder. Y no dejes de pedir la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias cuando el incumplimiento ya es prolongado, porque esa medida presiona más que cualquier requerimiento.