Contrato de franquicia | Art. 245 LFPPI | Word y PDF

Un contrato de franquicia existe cuando concurren tres elementos y no antes: una licencia de uso de marca otorgada por escrito, la transmisión de conocimientos técnicos y la prestación de asistencia técnica, todo para que el franquiciatario venda bienes o preste servicios con los métodos operativos y comerciales del franquiciante. La finalidad la fija la propia norma: mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios que la marca distingue. Sin marca registrada hay asesoría, no franquicia. Sin manuales ni capacitación hay licencia de marca, tampoco franquicia.

La distinción tiene consecuencias prácticas. Un contrato de distribución exclusiva permite revender productos en un territorio, pero el distribuidor conserva su imagen, sus precios y su forma de operar. El franquiciatario replica un negocio ajeno: rótulos, uniformes, procesos, proveedores autorizados. Por eso el franquiciante conserva facultades de supervisión impensables en una distribución y por eso la ley le impone cargas de información que ningún otro contrato mercantil exige. La franquicia tampoco crea una sociedad: el franquiciatario invierte su capital, contrata a su personal y responde de sus obligaciones fiscales y laborales frente a terceros.

La regulación mexicana se concentra en cinco artículos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El artículo 245 define la figura e impone la obligación precontractual que estructura toda la operación: quien concede una franquicia debe proporcionar al interesado, por lo menos treinta días antes de la celebración del contrato, la información relativa al estado que guarda su empresa, en los términos del Reglamento de la LFPPI. Ese documento es la circular de oferta de franquicia, la COF, y cubre la antigüedad del franquiciante, los derechos de propiedad intelectual, los pagos exigidos, la asistencia técnica comprometida y el territorio. La falta de veracidad da derecho al franquiciatario a exigir la nulidad y los daños y perjuicios durante el primer año. La omisión de entrega puede sancionarse además como infracción administrativa ante el IMPI.

El artículo 246 exige forma escrita y fija el contenido mínimo: zona geográfica, ubicación y características del establecimiento, políticas de inventarios, publicidad y suministro, criterios para determinar márgenes o comisiones, capacitación del personal, asistencia técnica, supervisión, condiciones para subfranquiciar y causales de terminación. El mismo artículo protege al franquiciatario: salvo pacto en contrario, no queda obligado a enajenar sus activos ni sus acciones al franquiciante al término de la relación, ni a cederle derechos de propiedad industrial anteriores a la firma. El artículo 247 limita la injerencia del franquiciante a lo necesario para garantizar los estándares de administración e imagen, el 248 impone confidencialidad al franquiciatario durante la vigencia y después de ella, y el artículo 249 prohíbe la rescisión unilateral salvo pacto por tiempo indefinido o causa justa. En lo no previsto rigen el Código de Comercio y, supletoriamente, el Código Civil Federal, y los pactos de exclusividad territorial se leen bajo los artículos 54 y 56 de la Ley Federal de Competencia Económica. El texto vigente de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial publicado por el IMPI es la referencia obligada antes de redactar.

El supuesto más frecuente es la expansión de una marca que ya operó unidades propias durante varios ejercicios y quiere crecer con capital de terceros. Llega con manuales escritos, marca concedida por el IMPI y un modelo probado, y necesita fijar regalías, territorio y estándares antes de abrir la primera unidad ajena. El segundo escenario es formalizar relaciones que ya existen de hecho: cadenas que autorizaron de palabra a familiares o socios, que hoy usan la marca sin contrato y sin pagar regalías. El uso tolerado debilita la posición del titular cuando llega el conflicto.

También aparece en la entrada de marcas extranjeras al mercado mexicano, casi siempre mediante una franquicia maestra que autoriza al desarrollador a subfranquiciar en una región. Ninguna de esas operaciones es viable sin el registro previo de la marca ante el IMPI, y ese trámite toma meses. Queda un cuarto caso, el más delicado: contratos etiquetados como distribución o licencia que en los hechos transmiten manuales, imponen imagen y exigen capacitación. Si la operación reúne los elementos del artículo 245, se tratará como franquicia aunque el título diga otra cosa, con la obligación de la COF incluida. Revisa también el contrato de arrendamiento de local comercial del punto de venta: su vigencia debe coincidir con la de la franquicia.

• La licencia de uso de marca identifica el registro concedido por el IMPI con número, clase y titular, y precisa qué otros signos se licencian: avisos comerciales, nombre comercial e imagen del establecimiento. Se concede para el giro y el territorio pactados, sin transmitir titularidad alguna.
• La transmisión del know how remite a los manuales operativo, de imagen y de administración, entregados bajo inventario firmado y siempre propiedad del franquiciante. El modelo prevé su devolución al terminar la relación.
• Las regalías y la aportación al fondo de publicidad se calculan sobre ventas netas, con periodicidad, fecha de corte y obligación de reportar. Se incluye la facultad de auditar los registros contables del franquiciatario.
• El territorio y la exclusividad delimitan la zona de la unidad y aclaran si el franquiciante conserva canales propios, comercio electrónico o cuentas nacionales dentro de ese perímetro.
• Los estándares y la supervisión describen visitas, evaluaciones, proveedores autorizados y consecuencias del incumplimiento reiterado, dentro del límite del artículo 247 de la LFPPI.
• La vigencia, la renovación y las causales de terminación se enuncian una por una, con plazos de subsanación, penas convencionales y reglas de desidentificación. Las completa la confidencialidad, reforzable con un convenio de confidencialidad conforme a la LFPPI firmado desde la negociación.

La franquicia se rige por ley federal, pero la unidad opera en un municipio y ahí empiezan las diferencias. En la Ciudad de México la apertura depende de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, que clasifica los giros por impacto y exige aviso o permiso según el caso. El trámite se presenta a nombre de quien explota el local, el franquiciatario, y el contrato debe decir quién asume su costo y qué ocurre si la autoridad lo niega. La sumisión expresa a los juzgados de la capital se apoya en el artículo 1093 del Código de Comercio.

En Jalisco las licencias de funcionamiento se gestionan ante los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan o Tlaquepaque, cada uno con reglamentos de zonificación distintos. Una franquicia de alimentos que opera sin problemas en Zapopan puede encontrar restricciones de horario o de venta de bebidas alcohólicas a pocas calles, ya dentro de otro municipio. Conviene condicionar la apertura a la obtención de esas licencias.

En Nuevo León la concentración de redes en el área metropolitana de Monterrey hace frecuente la franquicia multiunidad, con calendarios de apertura y cuotas de desarrollo. Ese esquema exige separar el contrato de desarrollo de área del de cada unidad, porque el incumplimiento del calendario no debería extinguir las franquicias ya abiertas.

En Quintana Roo buena parte de los franquiciatarios son sociedades con inversión extranjera, y cuando la unidad se instala en la franja costera aplican las reglas de la Ley de Inversión Extranjera sobre inmuebles en zona restringida, que suelen resolverse mediante fideicomiso. La estacionalidad del destino justifica pactar mínimos de operación por temporada y no cifras anuales planas.

El formulario empieza por identificar a las partes, persona física con actividad empresarial o sociedad mercantil, con los datos del representante legal y de la escritura donde consten sus facultades. Después pide los datos del registro marcario concedido por el IMPI, que son los que sostienen toda la operación. El siguiente bloque define territorio, dirección de la unidad y tipo de exclusividad, así que conviene tener a la mano el polígono acordado. Luego se capturan las contraprestaciones: cuota inicial, regalías, aportación publicitaria y forma de pago, sin que el sistema imponga porcentajes. La sección de obligaciones despliega capacitación inicial, asistencia continua, proveedores autorizados y reportes de venta. Al final se eligen vigencia, renovación, causales de terminación y vía de solución de controversias, con opción de tribunales o arbitraje. El documento se genera en Word y en PDF, listo para firmar en tantos ejemplares como partes intervengan. Para el resto de la expansión, los documentos para empresas en México reúnen los contratos mercantiles y corporativos que suelen acompañarla.

El error que más pleitos genera es firmar sin haber entregado la COF con la anticipación legal, o entregarla el mismo día de la firma con la fecha corregida. Un contrato de franquicia firmado sin información previa veraz queda expuesto a la nulidad durante el primer año, y ninguna cláusula de renuncia lo blinda, porque la obligación es legal. El segundo error es franquiciar una marca solo solicitada: si el IMPI niega el registro, el franquiciante se queda sin el objeto principal del contrato. El tercero es copiar plantillas extranjeras con figuras ajenas al derecho mexicano, como la terminación libre a voluntad, que choca con el artículo 249 de la LFPPI.

Los otros dos errores son operativos y aparecen meses después. Uno es la confusión de personal: el franquiciante que selecciona, capacita y sanciona directamente a los empleados de la unidad queda expuesto a una demanda laboral, porque la subordinación se acredita con hechos y no con etiquetas. Cada unidad debe contratar a su plantilla con su propio contrato individual de trabajo. El otro es dejar sin regular el final de la relación: sin reglas de desidentificación, el excolaborador retira el rótulo pero conserva la decoración, el menú y las redes sociales. La cláusula de desidentificación debe fijar plazo, alcance y sanción.