Convenio de pensión alimenticia | Art. 311 CCF | Word y PDF

La obligación alimentaria nace de la ley, no del acuerdo. Los artículos 301 a 303 del Código Civil Federal la imponen entre cónyuges, entre concubinos y de madres y padres hacia sus hijas e hijos, y el artículo 308 precisa que comprende comida, vestido, habitación, atención médica y educación. El convenio no crea ese derecho: ordena su cumplimiento y lo vuelve verificable. De ahí una consecuencia práctica, porque el artículo 321 declara que el derecho a recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. Toda cláusula que pretenda liberar al deudor a cambio de dinero, de un bien o de la renuncia a las convivencias es nula, aunque ambas partes la hayan firmado de buena fe.

En la práctica se confunden tres documentos. El convenio privado prueba el acuerdo y los pagos hechos, pero no se ejecuta por sí solo. El ratificado ante juez de lo familiar, o el celebrado en un centro de mediación, adquiere fuerza ejecutiva y se cobra por vía de apremio sin juicio nuevo. El tercero acompaña la solicitud de divorcio bilateral y resuelve además guarda y custodia, convivencias y liquidación de la sociedad conyugal, supuesto para el que conviene revisar los documentos de familia y divorcio para México.

El eje sustantivo está en el Capítulo II del Título Sexto del Código Civil Federal, replicado con variantes en cada código civil o familiar estatal. El artículo 311 impone la proporcionalidad entre las posibilidades de quien paga y las necesidades de quien recibe, y ordena algo que muchos convenios omiten: los alimentos fijados por convenio o sentencia llevan un incremento automático mínimo que debe constar en el texto. La versión federal lo ancla al salario mínimo; el Código Civil de la Ciudad de México, al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México. Si el convenio no dice qué índice aplica, la actualización se discute cada año.

La parte procesal cambió con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado el 7 de junio de 2023 y de aplicación gradual conforme a las declaratorias de cada congreso local, sin exceder del 1 de abril de 2027. Sus artículos 562 a 568 regulan los alimentos: el juzgado ordena el descuento y avisa a la fuente de trabajo, que debe atenderlo de inmediato y rendir informe en tres días, bajo multa de hasta doscientas Unidades de Medida y Actualización. El artículo 565 añade la sanción más relevante, porque el incumplimiento mayor a noventa días ordena la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, creado por reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 8 de mayo de 2023, según explica el Sistema Nacional DIF al describir la integración del registro de obligaciones alimentarias.

El descuento vía nómina tiene base propia. Los artículos 97, 110 fracción V y 112 de la Ley Federal del Trabajo son las únicas excepciones que permiten retener y embargar salario, siempre que medie mandato de autoridad competente, y obligan al patrón a informar la baja del trabajador en cinco días hábiles, detalle que pesa al instrumentar el pago desde los formatos laborales mexicanos.

El escenario más común es la separación de hecho. Dos personas dejan de vivir juntas, acuerdan una cantidad y la transfieren durante meses, hasta que llega el primer desacuerdo y ninguna puede probar qué se pactó. El segundo es el divorcio bilateral: el artículo 656, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares exige acompañar a la solicitud una propuesta de convenio que fije la pensión de las hijas e hijos menores y, en su caso, la del cónyuge. También sirve para regularizar pensiones vencidas con un calendario de pago y para modificar un monto ya fijado cuando la pérdida de empleo o el nacimiento de otro acreedor cambian la proporción del artículo 311.

Dos supuestos merecen atención. Si la persona deudora trabaja por su cuenta y no acredita ingresos, el artículo 564 manda fijar la pensión en salarios mínimos de la zona económica, sin que pueda ser inferior a uno, así que conviene redactar el monto en esa unidad y no en una cifra cerrada. Y cuando hay viajes al extranjero, el convenio se firma junto con la autorización de viaje para menor de edad, porque el permiso migratorio se tramita aparte.

• La identificación de las partes y de cada acreedor alimentario va con nombre completo, CURP, domicilio y fecha de nacimiento tomada del acta. Un convenio que solo menciona "los menores" obliga al juzgado a prevenir: el monto se asigna por acreedor y no en bloque.
• El monto de la pensión admite dos modalidades excluyentes: porcentaje sobre las percepciones ordinarias y extraordinarias, o cantidad líquida periódica. La fórmula porcentual sigue el criterio de la Primera Sala sobre percepciones mensuales, que abarca aguinaldo, prima vacacional y utilidades, ya descontadas las deducciones de ley.
• La periodicidad y la forma de pago precisan el día exacto, la cuenta receptora y su titular, con la transferencia como medio único y el comprobante bancario como acuse.
• La actualización anual expresa el índice aplicable y el mes del ajuste, como pide el artículo 311, y prevé el supuesto en que el deudor demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción.
• Los gastos extraordinarios se enumeran y se reparten por porcentaje: colegiaturas, uniformes y útiles, tratamientos médicos no cubiertos por la seguridad social, ortodoncia y terapias, con plazo para comprobar y reembolsar.
• El descuento vía nómina y el reconocimiento de adeudos anteriores cierran el documento. El primero se redacta como solicitud conjunta para que el juzgado gire oficio al centro de trabajo; el segundo liquida las mensualidades pendientes igual que un reconocimiento de adeudo entre particulares y admite la garantía del artículo 317: hipoteca, prenda, fianza o depósito.

Ciudad de México. El artículo 311 del Código Civil de la Ciudad de México se separa del texto federal y fija el incremento anual conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México, criterio más estable y fácil de acreditar en audiencia. La capital fue pionera en el divorcio sin expresión de causa, así que buena parte de los convenios llega al juzgado dentro de una propuesta de divorcio. El código local prevé además el registro de deudores alimentarios morosos: la falta de pago deja huella administrativa y no solo judicial.

Estado de México. El artículo 4.136 del Código Civil del Estado de México trae una regla que sorprende a quien viene de otra entidad: la pensión no será inferior al cuarenta por ciento del sueldo. El mismo precepto considera deudor moroso a quien deja de cubrir cuatro pensiones, sucesivas o no, en dos años, y el artículo 4.135 enumera un contenido alimentario más amplio que el federal, con atención psicológica, recreación y gastos de embarazo y parto.

Entidades con código familiar propio. Sonora, Morelos, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa y San Luis Potosí separaron la materia familiar de su código civil. Los conceptos son equivalentes, pero la numeración no coincide, y un convenio que cita el Código Civil Federal ante un juez de Hermosillo se lee como plantilla importada.

Entidades que ya aplican el código nacional. Conforme cada congreso emite su declaratoria las reglas procesales se homologan, aunque los códigos sustantivos siguen siendo estatales. Confirma bajo qué sistema opera el juzgado: cambian los plazos y la audiencia.

El formulario abre preguntando la entidad federativa donde reside la persona acreedora, porque de esa respuesta dependen la fundamentación, el índice de actualización y el juzgado competente. Después capturas los datos de ambas partes y de cada acreedor alimentario. El sistema pregunta enseguida si el pago será porcentaje de percepciones o cantidad fija, y ajusta la cláusula económica según la respuesta, incluido el tratamiento del aguinaldo.

El siguiente bloque cubre la logística: día de pago, cuenta receptora, medio de comprobación y periodo de gracia. Luego eliges el índice de actualización, el mes del ajuste y qué gastos extraordinarios entran y en qué proporción. Si el pago se hará por retención, el documento incorpora los datos del centro de trabajo y la solicitud al juzgado. Al final descargas el archivo en Word y en PDF, junto al resto del catálogo de documentos jurídicos para México.

El error más caro es la renuncia disfrazada. Cláusulas del tipo "la madre acepta esta cantidad y no reclamará nada adicional" o "el padre entrega el automóvil y queda liberado de la pensión" chocan con el artículo 321 del Código Civil Federal y se anulan en la primera audiencia. El segundo error es fijar una cantidad cerrada sin actualización, lo que congela el valor real del pago y obliga a promover un incidente cada dos o tres años. El tercero aparece en los gastos extraordinarios: escribir "los gastos médicos se pagarán entre ambos" sin definir qué es extraordinario, qué comprobante se exige y en qué plazo se reembolsa garantiza el conflicto.

Quedan dos fallas operativas. Muchas familias creen que basta enviar el convenio firmado a recursos humanos para que inicie el descuento; no funciona así, porque el artículo 110 fracción V de la Ley Federal del Trabajo exige mandato de autoridad competente. Y pagar en efectivo sin recibo deja al deudor sin defensa, porque el juzgado solo pondera comprobantes: el pago que no se puede probar se tiene por no hecho.