Convenio de concubinato | Arts. 291 Bis a 291 Quintus CCF

Un convenio de concubinato es un contrato entre dos personas que hacen vida en común sin haber contraído matrimonio, y que organiza los efectos económicos de esa convivencia. El documento no crea el concubinato. Esa figura nace de un hecho, la cohabitación constante y permanente durante el plazo que fija la ley local, y se acredita después con testigos, comprobantes de domicilio, actas de nacimiento de hijos en común o constancias del Registro Civil. Lo que el convenio hace es distinto y más útil en la práctica: fija por adelantado las reglas que la ley deja abiertas, sobre todo la titularidad de los bienes y el reparto de las cargas del hogar.

Conviene no confundirlo con figuras vecinas. Las capitulaciones matrimoniales solo existen dentro del matrimonio y no pueden trasladarse tal cual a una pareja de hecho. La sociedad de convivencia, regulada en la Ciudad de México y replicada en Tlaxcala y Campeche, se ratifica y registra ante una autoridad administrativa, y surte efectos frente a terceros precisamente por ese registro. La constancia de concubinato del Registro Civil acredita un hecho y nada más, sin decir una palabra sobre el patrimonio. El convenio obliga a quienes lo firman con la fuerza que la ley civil reconoce a todo acuerdo de voluntades, pero no sustituye a un testamento ni a la escritura pública cuando hay inmuebles de por medio.

El concubinato es materia local, y de ahí la primera consecuencia práctica: no existe una definición única en todo el país. El Código Civil Federal fija el modelo que siguieron la mayoría de las entidades, y sus artículos 291 Bis a 291 Quintus reconocen derechos y obligaciones recíprocos entre concubinos cuando ambos están libres de impedimentos para casarse y han vivido en común de forma constante y permanente durante el periodo mínimo que marca la ley, plazo que se dispensa si tienen un hijo en común. Si una misma persona sostiene varias uniones simultáneas, ninguna se reputa concubinato, y quien actuó de buena fe puede demandar daños y perjuicios. El artículo 291 Quáter añade lo esencial: la unión genera derechos alimentarios y sucesorios.

El punto que casi ninguna pareja anticipa es el patrimonial. La unión libre no crea régimen de bienes por ministerio de ley, y la Primera Sala de la Suprema Corte lo confirmó al declarar inconstitucional la norma tabasqueña que aplicaba de manera absoluta las reglas de la sociedad conyugal a los concubinos, por contrariar el libre desarrollo de la personalidad (jurisprudencia 1a./J. 89/2022). Los bienes adquiridos juntos se rigen por las reglas de la copropiedad de los artículos 938 a 979 y, cuando medió trabajo común, por analogía con las de la sociedad civil. En materia sucesoria el artículo 1635 condiciona el derecho a heredar a haber vivido como cónyuges los cinco años previos a la muerte o a tener hijos en común, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio: así lo recoge el capítulo sobre la sucesión de los concubinos del Código Civil Federal que publica la Cámara de Diputados. Un testamento ológrafo conforme a los artículos 1550 a 1564 del Código Civil es el complemento natural de este convenio.

Dos límites no admiten pacto en contrario. El derecho a recibir alimentos no es renunciable ni transigible según el artículo 321, y todo lo relativo a hijas e hijos queda sujeto a la aprobación del juez familiar. Al cesar la convivencia, el artículo 291 Quintus otorga pensión a quien carezca de ingresos suficientes por un tiempo igual al que duró la unión, y la Corte declaró inconstitucional el párrafo que limitaba ese reclamo al año siguiente a la separación (jurisprudencia 1a./J. 110/2023).

El detonante más común es la compra de un inmueble a medias cuando el enganche no se paga a medias. Uno aporta el ahorro, el otro cubre las mensualidades del crédito, y la escritura sale a nombre de quien calificó ante el banco. Sin convenio, esa aportación desigual desaparece del expediente el día que alguien la niegue. El segundo escenario es el desequilibrio de ingresos sostenido: una de las dos personas reduce su jornada o deja de trabajar para cuidar del hogar, y años después no tiene forma de acreditar el costo de esa decisión.

También hay quien firma este convenio al mudarse a la casa que ya pertenece a su pareja, para dejar claro que las mejoras que pagará no se regalan. Los negocios familiares informales entran en la misma categoría: talleres, consultorios y despachos que operan a nombre de una sola persona pero se sostienen con el trabajo de dos. Encontrarás modelos afines en la categoría de documentos de familia y divorcio para México.

Dos casos límite merecen mención. Si una de las dos personas sigue casada con un tercero, no hay concubinato en términos legales por más años que lleven viviendo juntas, y el convenio funcionará entonces como un contrato de copropiedad ordinario. Y si existen dos uniones paralelas, ninguna produce efectos de concubinato, lo que deja a quien obró de buena fe únicamente la vía de la indemnización.

• La identificación de las partes y la fecha de inicio de la vida en común abre el documento, porque de esa fecha depende el cómputo del plazo legal y, con él, los derechos alimentarios y sucesorios. El modelo incluye la manifestación expresa de que ambas personas están libres de matrimonio y sin impedimento para casarse entre sí.
• El domicilio común y la aportación a los gastos se pactan en porcentaje o en cantidad determinada, con la lista de conceptos cubiertos: vivienda, servicios, alimentos, mantenimiento y gastos escolares.
• El régimen de los bienes distingue lo que cada persona conserva como propio de lo que se adquiere en copropiedad, y fija el porcentaje que corresponde a cada una. Sin esa precisión, la copropiedad se presume por partes iguales aunque las aportaciones hayan sido muy distintas.
• El inventario de bienes anteriores a la convivencia se anexa firmado por ambas partes y funciona como prueba preconstituida. Evita las discusiones sobre el vehículo, los muebles o el equipo de trabajo anteriores a la mudanza.
• El tratamiento de deudas y créditos determina quién responde de los pasivos contraídos durante la unión. Para las cantidades importantes conviene formalizar aparte un convenio de reconocimiento de adeudo con plan de pagos.
• El reconocimiento del trabajo del hogar y del cuidado deja constancia de quién asume esas cargas y en qué proporción, dato que los tribunales usan para calcular compensaciones al terminar la relación.
• Las reglas de separación cierran el documento: plazo para desocupar el domicilio, forma de liquidar la copropiedad y compromiso de acudir a mediación antes de demandar. Cuando la copropiedad recae sobre un inmueble, la transmisión posterior exige otorgar un contrato de compraventa de inmueble conforme a los artículos 2248 y 2320 y elevarlo a escritura pública.

Ciudad de México exige dos años de vida en común constante y permanente, salvo que exista un hijo en común, conforme al artículo 291 Bis del Código Civil de la Ciudad de México. La reforma que amplió ese precepto permite que los Jueces del Registro Civil reciban declaraciones sobre la existencia o la cesación del concubinato y expidan constancias, sin que ello modifique el estado civil de las personas. Es el trámite que mejor acompaña al convenio, porque le suma un documento oficial. La capital ofrece además la Ley de Sociedad de Convivencia, que permite registrar el hogar común y las relaciones patrimoniales ante la alcaldía correspondiente.

Estado de México regula la figura en el Libro Cuarto de su Código Civil. El artículo 4.403 reconoce a los concubinos derechos y obligaciones alimentarios, familiares, hereditarios y de protección contra la violencia familiar, además de los previstos para los cónyuges en lo aplicable. Más relevante todavía: la Suprema Corte determinó que el mecanismo de compensación del artículo 4.46, párrafo segundo, debe operar también al término de una relación de concubinato, de manera que quien asumió las cargas domésticas puede reclamar una compensación económica. El convenio sirve aquí para documentar esa distribución de tareas mientras la pareja convive.

Jalisco parte de un umbral mucho más largo. El artículo 778 del Código Civil del Estado de Jalisco define el concubinato a partir de cinco años de vida en común, plazo que se dispensa cuando la pareja tiene descendencia. La diferencia con la capital es enorme en la práctica: dos personas con tres años de convivencia y sin hijos no generan todavía derechos de concubinato, y el convenio privado es entonces su única red de seguridad patrimonial.

Coahuila trasladó la regulación familiar a la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, que junto al concubinato conserva el Pacto Civil de Solidaridad, una unión registrada ante el Registro Civil con efectos patrimoniales propios. En las demás entidades el plazo oscila entre uno y cinco años y varias guardan silencio sobre los bienes. Verifica el plazo exacto y la denominación de la figura en el código de tu entidad antes de firmar, porque de ello depende que el convenio se lea como acuerdo entre concubinos o como simple contrato de copropiedad.

El formulario abre pidiendo la entidad federativa donde tienen su domicilio común, dato que ajusta las referencias legales del documento y el plazo de convivencia que se menciona en el cuerpo del texto. Después capturas los datos de ambas personas, la fecha en que iniciaron la vida en común y la manifestación de estado civil, que el modelo redacta en los términos que usan los juzgados familiares. La siguiente pantalla se ocupa de los gastos: eliges entre reparto por porcentajes, por cantidad fija o por conceptos asignados, y el sistema genera la cláusula correspondiente sin que tengas que redactarla.

El bloque patrimonial es el más largo y conviene tenerlo preparado. Vas listando los bienes propios de cada persona, los adquiridos en copropiedad y el porcentaje de cada quien, y el generador arma el inventario como anexo firmado. Si respondes que existe un inmueble en el patrimonio común, el documento incorpora una advertencia sobre la intervención notarial. Al final revisas la vista previa completa y descargas el archivo. Solo queda imprimirlo, firmar cada hoja con dos testigos y conservar un ejemplar cada quien.

El error más caro es dar por hecho que vivir juntos reparte los bienes a la mitad. No sucede: la titularidad manda, y quien no aparece en la factura o en la escritura tendrá que probar su aportación con transferencias, recibos y testigos. El segundo error es firmar un convenio que renuncia a alimentos o que decide de antemano la custodia de los hijos. Esas cláusulas son nulas y, peor todavía, contaminan la credibilidad del resto del documento cuando llega a manos de un juez familiar. El tercero consiste en confundir el convenio con un testamento: si la pareja no cumple los requisitos del artículo 1635, la persona sobreviviente puede quedar fuera de la sucesión legítima.

Después vienen los descuidos de forma. Firmar sin testigos y sin fecha cierta reduce el valor probatorio del documento frente a terceros, sobre todo ante acreedores. Dejar el inventario sin actualizar durante años convierte el anexo en papel muerto, cuando bastaba con firmar una adenda al comprar el coche o al abrir la cuenta conjunta. Y describir los bienes de forma vaga, sin número de serie, matrícula, folio real o cuenta bancaria, hace impracticable la liquidación justo en el momento en que la relación ya no permite ponerse de acuerdo.