La norma de referencia es la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, cuyo texto consolidado de la Ley de Propiedad Horizontal en el BOE recoge todas las reformas. El artículo 19.2 enumera lo que el acta debe expresar, como mínimo: la fecha y el lugar de la reunión, el autor de la convocatoria y, en su caso, los propietarios que la promovieron, su carácter ordinario o extraordinario y si se celebró en primera o segunda convocatoria, la relación de asistentes con sus cargos y la de propietarios representados con indicación de sus cuotas, el orden del día y los acuerdos adoptados. Cuando importa para la validez del acuerdo, deben figurar los nombres de quienes votaron a favor y en contra y las cuotas que representan.
El artículo 19.3 fija el cierre. El acta se firma por el presidente y el secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes, y desde ese momento los acuerdos son ejecutivos. Después se remite a los propietarios por el procedimiento del artículo 9, es decir, al domicilio en España que cada uno haya comunicado o, en su defecto, a su piso o local. Los acuerdos se reflejan en un libro de actas diligenciado por el Registrador de la Propiedad (artículo 19.1), y el secretario conserva cinco años las convocatorias, las delegaciones de voto y los demás documentos de la reunión (artículo 19.4).
El acta se apoya además en el artículo 15.2 (privación del voto por deudas), el 16.2 (quórum), el 17 (mayorías) y el 18 (impugnación). La Ley Orgánica 1/2025 dio nueva redacción al apartado 12 del artículo 17, que exige tres quintos para aprobar, limitar, condicionar o prohibir los pisos turísticos, y exige desde entonces la aprobación expresa de la comunidad para abrir uno nuevo (artículo 7.3), un punto que aparece en muchas juntas.