Alegaciones contra multa de tráfico | Art. 95 RDL 6/2015

El escrito de alegaciones es el trámite de defensa que abre el procedimiento sancionador ordinario del artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015, texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Con él, el denunciado responde antes de que exista sanción firme, discute los hechos, propone pruebas y obliga al instructor a pronunciarse de forma motivada. No es un recurso en sentido técnico, porque todavía no hay acto sancionador que impugnar.

Conviene separar tres figuras que los conductores confunden a diario. Las alegaciones se presentan en veinte días naturales desde la notificación de la denuncia. El recurso de reposición, potestativo, se interpone en un mes contra la resolución sancionadora (artículo 96). Y el recurso contencioso-administrativo se plantea ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en dos meses desde la notificación del acto que agota la vía administrativa. Nuestro modelo integra las dos primeras fases en un documento con dos encabezamientos alternativos, porque la argumentación de fondo suele ser la misma y el fallo habitual consiste en cambiar el fundamento jurídico al pasar de una a otra.

El régimen sancionador se contiene en los artículos 74 a 112 del Real Decreto Legislativo 6/2015, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se aplica supletoriamente. La competencia para sancionar corresponde al jefe provincial de tráfico en vías interurbanas y al alcalde o al órgano en quien delegue en vía urbana (artículo 84). El cómputo del plazo arranca al día siguiente de la notificación por aplicación del artículo 30.2 de la Ley 39/2015, y los veinte días son naturales, no hábiles: sábados, domingos y festivos cuentan.

La denuncia del agente goza de valor probatorio salvo prueba en contrario sobre los hechos y la identidad del infractor (artículo 88). Esa presunción no es irrebatible, y ahí reside el margen real de defensa: fotografías, tickets, informes periciales, testigos o certificados de verificación del cinemómetro. Los radares se someten al control metrológico del Estado regulado por la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, que exige verificación periódica y márgenes de error sobre la velocidad captada. Sin verificación en vigor el día de los hechos, la medición pierde fuerza probatoria, y los juzgados de lo contencioso lo han declarado en numerosas resoluciones.

Dos plazos extintivos completan el cuadro. El artículo 112 fija la prescripción de la infracción en tres meses para las leves y seis meses para las graves y muy graves, desde el día de comisión, e impone la caducidad del expediente si no recae resolución sancionadora en el plazo de un año desde la iniciación del procedimiento, con archivo de oficio o a instancia de parte. La multa ya firme prescribe a los cuatro años. En flotas de empresa, esa obligación de identificar se coordina con el resto de documentos de gestión empresarial y laboral para empresas españolas. Los canales oficiales figuran en la información de la Sede Electrónica de la DGT sobre presentación de alegaciones y recursos a una multa.

El supuesto más frecuente es el exceso de velocidad captado por cinemómetro, donde la defensa se construye sobre la verificación del aparato, el margen de error aplicado y la nitidez del fotograma que identifica la matrícula. Le sigue el defecto de notificación: la Administración publica en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado sin haber intentado antes la notificación domiciliaria en la forma del artículo 90, o la remite a una Dirección Electrónica Vial que el titular nunca solicitó. También es habitual la multa de estacionamiento cuando el ticket existe pero el agente no lo vio, o la sanción por acceso a una zona de bajas emisiones con autorización municipal en vigor.

Dos escenarios menos evidentes justifican una defensa técnica. El primero es el del vendedor que sigue como titular en el Registro de Vehículos porque el comprador no tramitó el cambio, y que se defiende acreditando la transmisión con el contrato de compraventa de vehículo entre particulares firmado y fechado. El segundo es el requerimiento de identificación del conductor: el titular tiene veinte días naturales para responder y, si calla, se expone a una infracción muy grave del artículo 77.j), sancionada con el doble de la multa originaria si esta era leve y con el triple si era grave o muy grave (artículo 80.2.b)). Ignorar ese requerimiento sale mucho más caro que la multa inicial.

• El encabezamiento identificativo recoge número de expediente, matrícula, fecha y hora de los hechos, precepto infringido y órgano instructor. Un expediente mal transcrito se archiva sin estudiarse.
• La relación de hechos reproduce la versión del denunciado en párrafos numerados y neutros, sin descalificaciones al agente. El instructor necesita ver qué extremos se controvierten y cuáles se admiten.
• Los fundamentos de derecho citan el precepto que ampara cada motivo: prescripción o caducidad por el artículo 112, defecto de notificación por los artículos 89 a 91, insuficiencia probatoria frente al artículo 88, incumplimiento metrológico por la Orden ICT/155/2020. Cada motivo se articula por separado para que la desestimación de uno no arrastre a los demás.
• La proposición de prueba enumera los documentos adjuntos y reclama los que obran en poder de la Administración, en particular el certificado de verificación del cinemómetro y el informe ampliatorio del agente. Cuando el conductor real no es el titular, se acompaña una declaración jurada o responsable con validez ante la Administración.
• La solicitud de suspensión cautelar aparece en la versión de recurso de reposición, con la advertencia de que el artículo 96.3 niega efecto suspensivo automático y de que la petición se entiende denegada tras un mes sin resolverse.
• El suplico y la firma cierran el escrito con la petición concreta de archivo o anulación, fecha, lugar, firma manuscrita o electrónica y medio de notificación preferente.

Cataluña gestiona competencias propias de tráfico a través del Servei Català de Trànsit, adscrito al Departament d'Interior. Las denuncias de los Mossos d'Esquadra en vías interurbanas catalanas se tramitan en sus servicios territoriales, y el recurso se dirige a la dirección de ese organismo, no a la DGT. La presentación se realiza en la sede electrónica de la Generalitat con idCAT Mòbil, Cl@ve o certificado digital.

País Vasco dispone igualmente de competencias transferidas, ejercidas por la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco con la Ertzaintza como cuerpo denunciante en carretera. El escrito debe dirigirse al órgano vasco competente, nunca al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas.

Madrid concentra un volumen enorme de sanciones municipales por estacionamiento regulado y zona de bajas emisiones. La Ordenanza de Movilidad Sostenible define los supuestos de acceso autorizado, y buena parte de las alegaciones prosperan acreditando el distintivo ambiental o la autorización de residente vigente en la fecha de captación.

Barcelona aplica un régimen paralelo en la zona de baja emisión de las Rondes, con gestión recaudatoria del Institut Municipal d'Hisenda. Las capitales de más de cincuenta mil habitantes han desplegado zonas equivalentes por mandato de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. En vía urbana, la norma que decide el caso casi nunca es la ley estatal, sino la ordenanza del municipio. Para el resto del territorio, la DGT centraliza las denuncias automatizadas en su unidad de León.

Empiezas indicando si estás en fase de alegaciones o ya has recibido la resolución sancionadora, y el formulario ajusta el encabezamiento, el plazo y la cita legal. Después introduces los datos que figuran en la notificación: expediente, matrícula, fecha, hora, lugar y precepto infringido. El sistema pregunta después por el tipo de infracción, porque los motivos de defensa cambian según se trate de velocidad, estacionamiento, semáforo, teléfono o identificación de conductor, y selecciona los fundamentos que encajan con tu caso. En el bloque de prueba marcas los documentos que vas a adjuntar y decides si reclamas el certificado de verificación del radar. El último paso genera el escrito en Word y PDF con el suplico ya formateado. Encontrarás modelos complementarios en el catálogo de gestiones y trámites cotidianos para particulares en España.

El error más costoso es pagar con la reducción del cincuenta por ciento y pretender recurrir después. El artículo 94 configura el pago voluntario como procedimiento sancionador abreviado y lleva aparejada la renuncia a formular alegaciones y a interponer recurso administrativo, de modo que la sanción queda firme el mismo día del pago. El segundo error consiste en reservar argumentos para el recurso de reposición: el artículo 96.4 impide tener en cuenta hechos, documentos y alegaciones que pudieron aportarse en el procedimiento originario, así que todo debe entrar en el primer escrito.

También se pierden expedientes por descuidos formales: escritos sin número de expediente, sin firma o presentados en un registro ajeno al órgano sancionador llegan tarde o no llegan. Muchos conductores discuten la oportunidad del límite de velocidad en lugar de atacar la prueba, y ese enfoque casi nunca prospera frente a la presunción del artículo 88. Otro fallo recurrente es no comprobar si el expediente ha caducado antes de escribir una línea de fondo, cuando la caducidad anual resuelve el asunto sin discutir los hechos. Y en flotas, identificar al conductor con un nombre incompleto equivale a no identificar.