Guarda y custodia sin divorcio | Modelo art. 90 CC

Es un acuerdo entre progenitores no casados que regula todo lo que afecta a los hijos comunes menores tras la ruptura: con quién viven, cómo se reparte el tiempo con el otro progenitor, quién decide sobre colegio y sanidad, cuánto aporta cada uno y cómo se afrontan los gastos que no entran en la mensualidad. La terminología forense lo llama convenio regulador de medidas paternofiliales, y así aparece designado en la demanda. La denominación coloquial describe bien el punto de partida: hay hijos, hay ruptura, no hay matrimonio.

La diferencia con el convenio regulador de divorcio conforme al artículo 90 del Código Civil está en el contenido, no en el rango. Un convenio de divorcio incorpora la liquidación del régimen económico, la pensión compensatoria y el uso de la vivienda del artículo 96 CC. Aquí desaparece el bloque matrimonial y queda el de los hijos, que es justamente el que el juez no puede dejar de revisar. Ningún pacto entre progenitores sobre alimentos o custodia vincula al juzgado si perjudica al menor, por equilibrado que parezca sobre el papel.

La obligación de sostener y educar a los hijos nace de la filiación, no del matrimonio. El artículo 108 del Código Civil equipara la filiación matrimonial y la no matrimonial en todos sus efectos, y el artículo 154 CC impone a ambos progenitores el deber de velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y formarlos, hayan convivido o no. Sobre esa base, la práctica forense traslada a las parejas no casadas el contenido del artículo 90 CC por la vía analógica del artículo 4.1 CC, de modo que el convenio se redacta con los mismos apartados que emplearía un matrimonio.

Las medidas salen del artículo 92 CC, que mantiene la patria potestad compartida y regula la custodia compartida; del artículo 94 CC, reformado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, sobre estancia, comunicación y visitas del progenitor no conviviente; y de los artículos 93 y 146 CC, que fijan la pensión en proporción al caudal de quien la da y a las necesidades de quien la recibe. Puedes contrastar la redacción vigente en el texto consolidado del Código Civil publicado por el Boletín Oficial del Estado.

El cauce procesal es el del artículo 748.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 749.2 LEC impone la intervención del Ministerio Fiscal siempre que haya menores, y el artículo 769.3 LEC atribuye la competencia al juzgado del último domicilio común o, si los progenitores residen en partidos judiciales distintos, al del domicilio del demandado o al de la residencia del menor. La vía notarial que el artículo 82 CC abre a los cónyuges no está disponible aquí: con hijos menores, la homologación solo llega por sentencia. Desde la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, los juzgados exigen además acreditar el intento previo de un medio adecuado de solución de controversias, requisito que un convenio ya firmado documenta sin esfuerzo.

El caso más común es la ruptura de una pareja de hecho con hijos pequeños, cuando ambos quieren evitar el contencioso y cerrar por escrito lo ya hablado. El segundo escenario, menos evidente, es el de progenitores que nunca convivieron: un reconocimiento de paternidad posterior al nacimiento deja abierta la cuestión de los alimentos y del contacto, y sin documento cada mes se renegocia desde cero. También aparece la pareja separada de hecho con un acuerdo verbal que funcionaba hasta que uno cambia de trabajo o de ciudad.

Dos situaciones merecen aviso. La primera es la del progenitor que quiere trasladar el domicilio del menor a otra provincia o al extranjero: sin acuerdo escrito ni resolución judicial, el traslado unilateral puede acabar en un procedimiento del artículo 158 CC y, en el peor escenario, en una denuncia por sustracción. La segunda es la del progenitor que paga religiosamente sin papeles: las cantidades entregadas sin convenio homologado son difíciles de acreditar y no permiten aplicar el régimen de anualidades por alimentos que la Ley 35/2006 del IRPF reserva a las satisfechas por decisión judicial.

• La atribución de la guarda y custodia distingue entre patria potestad y custodia, dos conceptos que la práctica confunde a diario. Puedes pactar custodia individual con estancias amplias o custodia compartida por semanas alternas, quincenas o reparto intersemanal, con mención expresa de que la patria potestad sigue siendo conjunta conforme al artículo 156 CC.
• El régimen de estancia, comunicación y visitas se concreta en días, horas y lugar de entrega, con calendario de verano, Navidad y Semana Santa y alternancia por años pares e impares. Un texto que diga fines de semana alternos sin especificar hora de inicio no sirve para ejecutar nada.
• La pensión de alimentos incluye importe mensual, pagos anuales, cuenta de destino, fecha límite de abono y actualización conforme al índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, más el tratamiento separado de los gastos extraordinarios: los necesarios frente a los que exigen acuerdo previo por escrito.
• El uso de la vivienda familiar se resuelve según sea propiedad de uno, de ambos o alquilada. Con arrendamiento a nombre de los dos, conviene coordinar el convenio con el contrato de arrendamiento de vivienda habitual regulado por la LAU para que la salida de uno no deje al otro como único deudor de la renta.
• Las decisiones relevantes sobre el menor quedan sometidas a acuerdo expreso: centro escolar, tratamientos médicos no urgentes, actividades de coste elevado y cambio de residencia. Para los desplazamientos fuera de España el modelo remite al permiso de viaje al extranjero para menores exigido por la Policía Nacional.

El derecho civil español no es uniforme en materia de custodia, y la comunidad donde reside el menor cambia el criterio judicial y hasta el vocabulario del documento. Cataluña aplica el libro segundo del Código Civil de Cataluña, aprobado por la Ley 25/2010. Su artículo 234-7 CCCat remite a los artículos 233-8 a 233-13 en materia de guarda, de modo que la pareja estable recibe el mismo trato que el matrimonio. La pieza central es el plan de parentalidad del artículo 233-9 CCCat, que detalla residencia, reparto de tareas de cuidado y comunicación entre progenitores. Un convenio catalán sin plan de parentalidad se subsana o se inadmite.

Aragón cuenta con el Código del Derecho Foral de Aragón, cuyos artículos 75 a 80 regulan la ruptura de la convivencia e incluyen expresamente a las parejas no casadas. El instrumento se llama pacto de relaciones familiares. El artículo 80.2 CDFA ha vuelto a establecer la preferencia por la custodia compartida tras la reforma de la Ley 1/2025, de 15 de mayo, después de un periodo en que esa preferencia estuvo suprimida.

En Navarra rige la Ley Foral 3/2011, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, aplicable haya habido matrimonio o no, y en el País Vasco la Ley 7/2015, de 30 de junio configura la custodia compartida como opción de referencia en su artículo 9, con alcance a las parejas de hecho autonómicas. La Comunidad Valenciana merece una advertencia: su Ley 5/2011 fue declarada inconstitucional por la STC 192/2016, así que allí rige el Código Civil común y cualquier modelo que hable de régimen de convivencia compartida valenciano está desactualizado. En Madrid, Andalucía, Galicia y el resto de territorios de derecho común se aplica el Código Civil, con la doctrina del Tribunal Supremo que considera la custodia compartida el régimen normal y deseable cuando las circunstancias lo permiten.

Empiezas identificando la comunidad autónoma de residencia del menor, porque de esa respuesta depende que el documento se genere como convenio regulador de medidas paternofiliales, como plan de parentalidad catalán o como pacto de relaciones familiares aragonés. Después introduces los datos de ambos progenitores y de cada hijo con su fecha de nacimiento, ya que la edad condiciona las estancias y la necesidad de oír al menor. El formulario pregunta luego por el modelo de custodia y despliega el calendario correspondiente.

El bloque económico pide importe de la pensión, cuenta de destino, día de pago y reparto de gastos extraordinarios. Si necesitas justificar ingresos ante el juzgado, un certificado de trabajo con validez legal ante la empresa acompaña bien a la declaración de la renta. El último tramo cubre vivienda, decisiones sujetas a acuerdo y sumisión a homologación. Descargas el resultado en Word y PDF, lo firmáis y lo lleváis al juzgado con la demanda.

El fallo que más veces obliga a rehacer el documento es redactar las visitas en términos generales. Fines de semana alternos y mitad de vacaciones suena razonable hasta que hay que ejecutarlo: sin hora, sin lugar de entrega y sin alternancia, no hay nada que el juzgado pueda requerir. El segundo error es pactar la renuncia a la pensión o compensarla con una deuda entre progenitores, algo que el artículo 1814 CC prohíbe porque el derecho a alimentos pertenece al hijo. El tercero es vincular el pago de la pensión al cumplimiento de las visitas; el Tribunal Supremo ha rechazado esa excepción de contrato incumplido con toda claridad.

También abunda el acuerdo privado que nunca llega al juzgado. La STS 569/2018, de 15 de octubre, reconoce que ese pacto es válido entre las partes y no puede tacharse de ineficaz por no estar aprobado, pero un convenio sin homologar no se ejecuta por la vía del artículo 776 LEC ni activa la protección penal del artículo 227 del Código Penal. Queda el olvido clásico: sin cláusula de actualización, una pensión fijada hace años pierde valor real y recuperarlo exige un procedimiento de modificación de medidas.