Convenio Regulador de Divorcio | Art. 90 Código Civil

El convenio regulador es el acuerdo por el que dos cónyuges que se divorcian de común acuerdo fijan las reglas que regirán su vida separada. La ley lo define como el contenido mínimo obligatorio de todo divorcio consensuado en los artículos 81, 82, 86 y 87 del Código Civil, y su columna vertebral es el artículo 90 CC, que enumera las estipulaciones que no pueden faltar. No es un simple pacto privado entre particulares: para producir efectos jurídicos plenos debe ser aprobado por el juez o autorizado por el notario. Hasta ese momento es solo una propuesta.

Conviene no confundir el convenio regulador con la demanda de divorcio de mutuo acuerdo, que es el escrito procesal que lo acompaña ante el juzgado. El convenio es el fondo, el pacto sustantivo; la demanda es el envoltorio procesal. Tampoco debe confundirse con las capitulaciones matrimoniales, que regulan el régimen económico durante el matrimonio y se otorgan siempre ante notario. El convenio, en cambio, mira hacia el futuro: organiza la convivencia de los hijos, reparte el uso de la vivienda y liquida el patrimonio común una vez que la pareja ya ha decidido separarse.

Su rasgo distintivo es la fuerza ejecutiva. Una vez aprobado, cada estipulación puede exigirse por la vía de apremio: si un progenitor deja de pagar la pensión de alimentos pactada, el otro no necesita un nuevo juicio para reclamarla, basta con instar la ejecución del convenio. Esa es la diferencia práctica entre un acuerdo verbal y un convenio regulador correctamente formalizado.

El convenio regulador se rige por el Código Civil, en la redacción que le dieron la Ley 15/2005 y, sobre todo, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, que abrió la vía notarial al divorcio de mutuo acuerdo. El precepto clave es el artículo 90 CC, que fija el contenido mínimo del convenio: el cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad y el régimen de visitas, la atribución del uso de la vivienda y el ajuar familiar, la contribución a las cargas del matrimonio y la pensión de alimentos, la liquidación del régimen económico matrimonial cuando proceda y, en su caso, la pensión compensatoria a favor del cónyuge que quede en peor situación. Puedes contrastar el texto íntegro en el artículo 90 del Código Civil publicado en el BOE.

La reforma introducida por la Ley 17/2021 añadió una estipulación que muchos modelos antiguos siguen ignorando: el destino de los animales de compañía. Desde entonces, si hay mascotas, el convenio debe precisar con quién conviven, cómo se reparten los tiempos y quién asume los gastos veterinarios. Un convenio que omita este punto teniendo animales puede ser observado por el notario o el juzgado.

La vía de tramitación depende de un dato decisivo. Cuando el matrimonio tiene hijos menores no emancipados o hijos con medidas de apoyo dependientes, el convenio debe presentarse siempre ante el juzgado, y su aprobación exige el informe favorable del Ministerio Fiscal, que vela por el interés del menor. Solo cuando no existen hijos en esa situación pueden los cónyuges acudir al notario y otorgar el divorcio en escritura pública, conforme a los artículos 82 y 87 CC y al artículo 54 de la Ley del Notariado. En ambos casos la asistencia de abogado en ejercicio es preceptiva, y deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio. El divorcio notarial produce efectos desde el otorgamiento de la escritura; el judicial, desde la firmeza de la sentencia o decreto.

El escenario típico es la pareja que ha decidido separarse sin conflicto y quiere plasmar sus acuerdos antes de acudir al abogado o al notario. Tener el convenio ya estructurado acelera la primera reunión y reduce el coste, porque el profesional revisa y ajusta en lugar de redactar desde cero. Es también la herramienta de quien negocia por su cuenta y necesita un borrador serio sobre el que discutir cada estipulación con la otra parte, punto por punto, antes de firmar nada.

La segunda situación frecuente es la separación previa al divorcio. Muchas parejas se separan legalmente primero y regulan la nueva convivencia mediante convenio, dejando el divorcio para más adelante. El mismo documento sirve para ordenar la custodia, las visitas y la vivienda durante esa fase intermedia. Igualmente lo usan las parejas de hecho con hijos comunes, que aunque no estén casadas necesitan regular la guarda, las visitas y la pensión de alimentos con el mismo rigor que un matrimonio.

Hay dos casos límite que conviene anticipar. El primero es la existencia de patrimonio en régimen de gananciales sin liquidar: puedes divorciarte sin liquidar los bienes comunes, pero dejar esa liquidación fuera del convenio suele generar litigios años después, así que lo prudente es incluirla. El segundo es el de los hijos mayores de edad sin ingresos propios que siguen conviviendo en el domicilio familiar. Aunque ya no estén sujetos a patria potestad, sus intereses económicos deben contemplarse, y en la vía notarial la ley exige que presten su consentimiento a las medidas que les afecten. Si tu caso encaja aquí, revisa también el modelo de poder notarial simple para delegar gestiones bancarias y administrativas que a menudo acompaña la reorganización patrimonial posterior al divorcio.

• La guarda y custodia de los hijos se redacta especificando si es exclusiva o compartida, con el detalle del reparto de días, vacaciones y puentes. La patria potestad se mantiene conjunta salvo causa grave, conforme al artículo 154 CC, lo que significa que las decisiones sobre educación, salud o desplazamientos al extranjero se toman por ambos progenitores.
• El régimen de visitas y comunicación del progenitor no custodio fija horarios, recogidas y entregas, y puede incluir el derecho de comunicación de los abuelos previsto en el artículo 160 CC. Cuanto más concreto sea, menos margen deja para conflictos futuros de interpretación.
• La pensión de alimentos de los hijos establece la cuantía, la cuenta de ingreso, la fecha de pago y el sistema de actualización anual, normalmente referenciado al IPC. También delimita el reparto de los gastos extraordinarios, que son la fuente más común de discusión posterior.
• La atribución del uso de la vivienda familiar determina quién permanece en el domicilio y por cuánto tiempo, distinguiendo si la vivienda es privativa, ganancial o alquilada. Este punto conecta directamente con la eventual liquidación patrimonial y con el reparto del ajuar doméstico.
• La liquidación del régimen económico matrimonial reparte los bienes y deudas comunes cuando hay gananciales, o certifica su inexistencia si el régimen era de separación de bienes. Incluirla en el convenio evita un procedimiento independiente más adelante.
• La pensión compensatoria se pacta a favor del cónyuge que sufre un desequilibrio económico por la ruptura, fijando importe, duración y forma de pago, ya sea temporal, indefinida o mediante una prestación única.

Cataluña aplica su propio derecho de familia a través del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, no el Código Civil estatal. El convenio catalán introduce figuras propias como el plan de parentalidad, un documento detallado sobre cómo ejercerán ambos progenitores sus responsabilidades, que es obligatorio y sustituye a la regulación genérica de la custodia. La compensación económica por razón de trabajo del artículo 232 CCCat también difiere de la pensión compensatoria estatal, por lo que un modelo pensado para el resto de España debe adaptarse antes de presentarse en un juzgado catalán.

Aragón cuenta con el Código del Derecho Foral de Aragón, que parte de una preferencia legal por la custodia compartida como régimen normal salvo que resulte perjudicial para el menor. Esta inversión del criterio general influye en cómo se justifica una custodia exclusiva dentro del convenio, que debe motivarse con más detalle que en territorio de derecho común.

Navarra y el País Vasco disponen igualmente de derecho civil propio en materia de familia y sucesiones, con especialidades en el régimen económico y en la vivienda familiar que conviene verificar antes de redactar. En la Comunidad Valenciana, tras la anulación de su ley de custodia por el Tribunal Constitucional, se aplica de nuevo el Código Civil estatal, de modo que el convenio sigue las reglas generales. En el resto de comunidades de derecho común, el modelo estatal es directamente aplicable, si bien la práctica de cada juzgado y fiscalía varía: algunos exigen un desglose más pormenorizado de los gastos extraordinarios o del calendario de visitas, y adaptar el convenio a esas costumbres locales agiliza la aprobación. Para otros trámites familiares habituales, como la autorización para viajar con menores al extranjero, conviene tener el modelo correcto según la comunidad de residencia.

Empiezas indicando los datos de ambos cónyuges y la fecha y lugar del matrimonio, porque el convenio arranca con la comparecencia de las partes y la voluntad inequívoca de divorciarse. A partir de ahí, el formulario te pregunta si hay hijos y de qué edad, un dato que determina toda la tramitación posterior: si hay menores, el sistema orienta el documento hacia la vía judicial con intervención del fiscal; si no los hay, habilita la redacción para la vía notarial. Después vas completando cada estipulación en el orden del artículo 90 CC, custodia, visitas, alimentos, vivienda, cargas y liquidación de gananciales, respondiendo preguntas concretas en lugar de enfrentarte a una página en blanco.

El modelo ajusta automáticamente las cláusulas según tus respuestas: si no hay hijos, omite el bloque de custodia; si el régimen es de separación de bienes, sustituye la liquidación de gananciales por la certificación correspondiente. Al terminar descargas el convenio en Word y PDF, listo para revisarlo con tu abogado, que es imprescindible en ambas vías, y presentarlo ante el juzgado o el notario. Si necesitas comunicar formalmente algún requerimiento a la otra parte durante la negociación, el modelo de burofax con validez legal para interrumpir plazos resuelve ese trámite con plena prueba.

El error más frecuente es intentar el divorcio notarial cuando hay hijos menores no emancipados. La ley lo prohíbe de forma tajante en el artículo 82.2 CC: con menores dependientes, el convenio va siempre al juzgado y necesita el informe del fiscal, sin excepción. Redactar el documento orientado al notario en ese supuesto obliga a rehacerlo entero y pierde semanas. Otro fallo habitual es dejar la liquidación de gananciales para después: aunque la ley lo permite, aplazarla suele desembocar en un procedimiento contencioso años más tarde, justo cuando la relación entre las partes ya se ha deteriorado.

También es común redactar cláusulas de custodia o visitas en términos vagos, del tipo "se establecerá un régimen de visitas amplio", que el fiscal rechaza por indeterminadas. Cada estipulación debe ser concreta, cuantificable y ejecutable. Olvidar el sistema de actualización de la pensión es otro descuido caro, porque sin referencia al IPC la cantidad pactada pierde valor cada año. Por último, muchos convenios ignoran el destino de las mascotas pese a la reforma de 2021, o no prevén el consentimiento de los hijos mayores sin ingresos que conviven en casa, dos omisiones que el notario detecta de inmediato y que frenan la firma. Antes de presentar nada, conviene revisar que el patrimonio esté correctamente inventariado, y un reconocimiento de deuda entre las partes puede formalizar cualquier compensación pendiente entre los cónyuges.