Contrato de pareja de hecho | Art. 1255 Código Civil

Conviene separar dos cosas que se confunden a diario en las oficinas de registro. La pareja de hecho es un estatus administrativo: dos personas mayores de edad, sin vínculo matrimonial ni parentesco impeditivo, que conviven de forma estable y lo hacen constar en el registro de su comunidad autónoma. El contrato de convivencia es otra cosa, un negocio jurídico entre particulares que regula el contenido patrimonial de esa relación. Uno acredita que la pareja existe ante la Administración; el otro dice qué pasa con el dinero.

La distinción importa porque la inscripción, por sí sola, no crea ningún régimen económico. En el matrimonio, a falta de capitulaciones, se aplica la sociedad de gananciales por defecto (artículo 1316 del Código Civil). La pareja inscrita sigue funcionando como dos patrimonios separados: nada se comunica y la cuenta corriente conjunta no convierte en copropiedad lo que se compra desde ella. Tampoco hay que confundir este pacto con el convenio regulador de divorcio con custodia y uso de la vivienda, que liquida una relación terminada. El contrato de convivencia se otorga cuando la pareja funciona, y es uno de los trámites cotidianos entre particulares en España que más conflictos evita con menos papel.

España carece de una ley estatal de parejas de hecho. La materia se ha desarrollado por vía autonómica al amparo del artículo 149.1.8ª de la Constitución, con el resultado de diecisiete regulaciones distintas y otros tantos registros. El contrato de convivencia no depende de esa dispersión: su cobertura es la autonomía de la voluntad del artículo 1255 del Código Civil, que permite establecer los pactos que las partes tengan por conveniente siempre que no contraríen la ley, la moral ni el orden público. Firmado el documento, el artículo 1091 del Código Civil le atribuye fuerza de ley entre los contratantes.

Los límites los ha fijado la jurisprudencia. La sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2005 descartó aplicar por analogía a las uniones no matrimoniales el régimen económico del matrimonio y la pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil. A falta de pacto, los tribunales solo pueden acudir al enriquecimiento injusto o a la comunidad de bienes de los artículos 392 y siguientes del Código Civil, y ambas figuras exigen una prueba que casi nadie conserva. Ese vacío es exactamente lo que cubre el contrato.

Otras materias quedan fuera del alcance de las partes. Lo relativo a los hijos comunes es indisponible: la patria potestad, la guarda y los alimentos se rigen por el interés del menor y el artículo 1814 del Código Civil prohíbe transigir sobre alimentos futuros. En Seguridad Social, el artículo 221 de la Ley General de la Seguridad Social condiciona la pensión de viudedad a cinco años de convivencia acreditada y a una inscripción registral o documento público otorgado al menos dos años antes del fallecimiento, según el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social publicado en el Boletín Oficial del Estado. La Ley 21/2021 suprimió la exigencia de dependencia económica del superviviente, pero dejó intacto ese requisito formal, y la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha reiterado que un testamento notarial no equivale al documento público constitutivo.

El caso más frecuente es la compra conjunta de vivienda con aportaciones desiguales. Uno pone el ahorro de la entrada, el otro asume una cuota mensual mayor, y la escritura se firma al cincuenta por ciento porque el banco lo pidió así. Sin un documento que registre quién aportó qué, esa asimetría desaparece jurídicamente el día de la firma. El pacto deja constancia del origen de los fondos y de cómo se liquidará la copropiedad, algo que conviene coordinar con el contrato de compraventa de vivienda entre particulares cuando la operación se cierra sin intermediarios.

El segundo escenario es la dedicación desigual al hogar. Uno reduce jornada para atender a los hijos mientras el otro consolida su carrera y cotiza. En Derecho común no existe compensación automática por ese sacrificio, así que la única vía para reconocerlo es pactarlo por adelantado. Muy cerca aparece la pareja en la que uno es propietario del piso y el otro financia una reforma sustancial: sin acuerdo, ese dinero se convierte en mejora del patrimonio ajeno. El conviviente extranjero que tramita la tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión también necesita acreditar una relación estable y duradera, y la Administración examina esa prueba con lupa. Queda un supuesto que casi nadie anticipa: cuando uno colabora sin contrato en el negocio del otro, esa dedicación informal genera expectativas que ningún registro recoge. Ponerla por escrito antes del conflicto cuesta una tarde.

• La identificación de los convivientes y la constancia de la convivencia abre el documento con los datos de ambos, el domicilio común y la fecha de inicio de la vida en pareja. Esa fecha no es decorativa: de ella depende la subrogación arrendaticia del artículo 16.1.b) de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, que exige dos años de convivencia previa salvo descendencia común.
• El régimen de los bienes distingue lo privativo de lo común mediante un inventario inicial. Cada conviviente relaciona lo que aporta y se fija la regla aplicable a las adquisiciones posteriores: titularidad separada, copropiedad por mitades o reparto proporcional a las aportaciones acreditadas.
• La contribución a las cargas familiares reparte alquiler o hipoteca, suministros, alimentación y gastos de los hijos. Caben cuotas fijas, porcentajes sobre los ingresos netos de cada uno o una combinación de ambos, con revisión periódica.
• El régimen de la vivienda cubre los tres escenarios reales: propiedad de uno solo, compra en común y arrendamiento. Se pacta quién continúa en ella tras la ruptura y cómo se compensa al que se marcha, cuestión que conviene alinear con el contrato de arrendamiento de vivienda habitual conforme a la LAU cuando el piso está a nombre de uno.
• La compensación por dedicación al hogar o al negocio familiar reconoce por anticipado el desequilibrio que genera la renuncia laboral de uno de los dos, con su cuantía y su duración, de modo que no dependa de una reconstrucción probatoria posterior.
• Las causas de extinción y las reglas de liquidación cierran el contrato: cese de la convivencia, matrimonio de cualquiera de los dos, acuerdo mutuo o fallecimiento, con el inventario, el plazo de reparto y el tratamiento de las deudas comunes.

Cataluña tiene la regulación civil más completa. Los artículos 234-1 a 234-14 del Código Civil de Cataluña reconocen la parella estable cuando la convivencia supera dos años ininterrumpidos, existe un hijo común o la relación se formaliza en escritura pública. El artículo 234-3 remite las relaciones entre convivientes a los pactos que ellos mismos establezcan, y el artículo 234-5 impone un requisito de forma capital: los pactos otorgados en previsión del cese de la convivencia deben constar en escritura pública. La ley catalana reconoce además compensación económica por razón del trabajo y prestación alimentaria tras la ruptura, y el artículo 442-3 atribuye derechos al superviviente en la sucesión intestada.

País Vasco exige la inscripción como elemento constitutivo. La Ley 2/2003 obliga a inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho de la comunidad para que la unión despliegue efectos, y la Ley 5/2015 de Derecho Civil Vasco equipara a la pareja inscrita con el cónyuge en materia sucesoria. Aquí el pacto regulador no es un añadido opcional, sino un documento que el propio registro admite junto a la solicitud.

Comunitat Valenciana vive una situación singular desde que la sentencia del Tribunal Constitucional 110/2016 anuló los preceptos de contenido civil de la Ley 5/2012 de uniones de hecho formalizadas, por invadir la competencia estatal. Sobrevive el registro administrativo y sus efectos ante la Generalitat, pero las consecuencias patrimoniales dependen íntegramente de lo pactado.

Andalucía y Madrid siguen el modelo administrativo puro. La Ley 5/2002 andaluza y la Ley 11/2001 madrileña crean sus registros y extienden a las parejas inscritas los beneficios del ordenamiento autonómico, sin regular el régimen económico. Madrid exige doce meses de convivencia previa o un hijo común; Andalucía, vinculación residencial. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones el tratamiento varía mucho: unas comunidades asimilan a la pareja inscrita con el cónyuge y otras la sitúan en el grupo de parentesco más gravado.

Galicia, Navarra, Aragón y Baleares cuentan con derecho civil propio y equiparaciones parciales. La disposición adicional tercera de la Ley 2/2006 de derecho civil de Galicia asimila al matrimonio las parejas inscritas que declaren expresamente esa voluntad; la Ley Foral 6/2000 navarra quedó recortada por la sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013; el Código del Derecho Foral de Aragón y la Ley 18/2001 balear regulan la pareja estable con reglas propias de extinción y sucesión.

El formulario arranca preguntando por la comunidad autónoma de residencia, porque de ella dependen el registro competente, los requisitos de inscripción y las referencias legales que se incorporan al texto. Después se recogen los datos de ambos convivientes, la fecha de inicio de la convivencia y el domicilio común, que es el dato que permitirá acreditar la relación mediante el certificado de empadronamiento conjunto.

La parte económica se construye por bloques. Primero se declara el inventario de bienes privativos, con la matrícula del vehículo o la referencia catastral del inmueble cuando existan. Luego se elige la regla de titularidad de las adquisiciones futuras y el sistema de reparto de gastos, con porcentajes distintos si los ingresos son dispares. El bloque de vivienda se adapta según sea propia, común o arrendada. El último tramo cubre la extinción: causas, preaviso, liquidación y compensaciones. El resultado se descarga en Word para seguir editándolo y en PDF para firmar. En Cataluña, si el pacto anticipa el cese de la convivencia, habrá que elevarlo después a escritura pública.

El error más caro es dar por hecho que la inscripción en el registro autonómico produce efectos económicos. No los produce en la mayor parte del territorio, y la pareja que se inscribe sin pactar nada se queda exactamente donde estaba. Le sigue de cerca la confusión entre cuenta común y patrimonio común: ingresar las nóminas en una cuenta conjunta facilita la gestión diaria, pero no altera la titularidad de lo que se adquiere. El tercero es fechar mal el inicio de la convivencia, un dato que condiciona plazos sensibles y que se vuelve en contra cuando hay que acreditarlo ante el INSS o ante extranjería.

También abunda el pacto que intenta blindar la custodia o renunciar a los alimentos de los hijos. Esas cláusulas son nulas y arrastran dudas sobre el resto del documento. Otro descuido habitual consiste en documentar como aportación al hogar lo que en realidad es un préstamo. Y un último punto que sorprende a mucha gente: en Derecho común el conviviente supérstite no hereda si no hay testamento, por muchos años de convivencia que se acrediten.