Contrato compraventa particulares (art. 1445 CC)

El artículo 1445 del Código Civil lo define sin rodeos: una parte se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar por ella un precio cierto. No hace falta notario ni modelo oficial. El contrato queda perfeccionado por el mero acuerdo sobre el bien y el precio (artículo 1450), incluso antes de que el comprador se lleve la bicicleta a casa. Lo que aporta el documento escrito no es validez, que ya existe, sino prueba: firmado por duplicado vale entre las partes lo mismo que una escritura pública (artículo 1225). La propiedad se transmite con la entrega material del bien, la vieja traditio del artículo 1462, dentro del sistema de título y modo.

Conviene no confundirlo con dos parientes cercanos. La venta de un bien usado por un profesional a un consumidor entra en el terreno del Real Decreto Legislativo 1/2007 y su garantía legal de conformidad; aquí no aplica nada de eso. La transmisión de un piso exige escritura e inscripción registral, un circuito distinto que se documenta con un contrato de compraventa de vivienda entre particulares. Y si no hay precio en dinero sino intercambio de objetos, estamos ante una permuta (artículo 1538).

El régimen de la compraventa privada de muebles se apoya en tres bloques del Código Civil. El primero es la libertad de pactos del artículo 1255, limitada por la buena fe del artículo 1258. El segundo son las obligaciones del vendedor: entregar la cosa y responder del saneamiento (artículo 1461), por evicción si un tercero acredita ser el verdadero dueño (artículos 1475 y siguientes) y por los vicios ocultos que hagan el bien impropio para su uso (artículo 1484). El tercero es el plazo, y es el que más disgustos genera: la acción por vicios ocultos caduca a los seis meses desde la entrega según el artículo 1490, un periodo brevísimo frente a los tres años de garantía que el Real Decreto ley 7/2021 impuso a las ventas de consumo. Pasados esos seis meses el comprador se queda sin acción edilicia, aunque el defecto aparezca después.

El vendedor responde de los vicios ocultos aunque los ignorase (artículo 1485), y el comprador puede desistir del contrato con devolución del precio o pedir una rebaja proporcional (artículo 1486). Las partes pueden excluir esa responsabilidad por pacto, pero el mismo artículo 1485 lo deja sin efecto cuando el vendedor conocía el defecto y calló, supuesto que abre la vía del dolo (artículo 1270). El texto vigente está en el Código Civil publicado por el Boletín Oficial del Estado, artículos 1445 a 1499 sobre el contrato de compraventa.

Queda la capa fiscal, que casi nadie recuerda. La transmisión de bienes muebles entre particulares está sujeta a Transmisiones Patrimoniales Onerosas (Real Decreto Legislativo 1/1993), con autoliquidación a cargo del comprador. Y quien vende de forma habitual deja de ser particular a efectos legales: asume las obligaciones documentales propias de la gestión empresarial y laboral, garantía de conformidad incluida.

La situación más frecuente es la venta de electrónica de segundo uso en plataformas. Un teléfono o un portátil cambian de manos sin más rastro que un chat que la aplicación borrará en unos meses, y cuando el comprador reclama por una batería agotada nadie acredita en qué estado se entregó el aparato. El contrato con el número de serie o el IMEI cierra esa discusión antes de que empiece. La segunda situación clásica llega con las mudanzas: quien deja un piso de alquiler vende el frigorífico y la lavadora al inquilino entrante, y necesita acreditar que esos muebles salen del inventario del arrendamiento.

Las bicicletas y las de pedaleo asistido merecen mención aparte: sin registro público obligatorio, la única prueba de titularidad ante la policía o ante una aseguradora suele ser el contrato con el número de cuadro anotado. Los vehículos a motor exigen otro documento, un contrato de compraventa de coche o moto con los trámites de la DGT, porque el cambio de titularidad pasa por la Jefatura de Tráfico.

Dos supuestos límite legitiman el documento todavía más. Vender a un familiar por un precio simbólico expone la operación a que la Administración la recalifique como donación encubierta, con la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que eso conlleva. Y quien compra sin contrato queda expuesto al artículo 464: acreditar la buena fe cuando el bien resulta robado es muy difícil sin un papel con fecha y firma.

• La identificación completa de las partes recoge nombre, DNI o NIE y domicilio. Es donde más contratos fallan: sin documento de identidad reflejado, localizar al vendedor meses después resulta imposible.
• La descripción individualizada del bien va más allá de "una lavadora": marca, modelo, año, número de serie, IMEI o número de cuadro, accesorios y defectos visibles ya conocidos por el comprador, que quedan aceptados y fuera del saneamiento del artículo 1484.
• El precio y la forma de pago se consignan con fecha y medio empleado. Si el pago va por transferencia o Bizum, resguardo y contrato forman un bloque probatorio sólido; si hay efectivo, el documento actúa como recibo, función que cumple también un recibo de pago y finiquito de deuda en pagos aplazados.
• La cláusula de estado y prueba del bien documenta que el comprador ha examinado el objeto y lo acepta tal como se describe, traducción práctica del pacto que autoriza el artículo 1485 y que no ampara al vendedor que ocultó un defecto conocido.
• La manifestación de titularidad y ausencia de cargas obliga al vendedor a declarar que el bien es suyo y está libre de reservas de dominio y embargos, base de la responsabilidad por evicción del artículo 1475.
• La entrega y la transmisión del riesgo fijan lugar y fecha en que el bien pasa a poder del comprador, momento a partir del cual cualquier deterioro corre de su cuenta. Firmar semanas antes de entregar el objeto sin regular este punto abre un vacío peligroso.

Cataluña es la excepción de fondo, no solo fiscal. El libro sexto del Código Civil de Cataluña, aprobado por la Ley 3/2017 y vigente desde el 1 de enero de 2018, sustituyó el saneamiento clásico por un sistema de falta de conformidad de inspiración europea, con remedios que van de la reducción del precio a la resolución y un plazo de extinción de tres años en lugar de los seis meses estatales. La diferencia es enorme para un comprador catalán. En lo tributario, la Agencia Tributaria de Cataluña aplica el 5 por 100 a estas ventas mediante el modelo 600 con tarifa TMV, y precisa que las operaciones cerradas en plataformas digitales tributan igual.

En la Comunidad de Madrid rige el 4 por 100 sobre bienes muebles y semovientes, con bonificación del 100 por 100 de la cuota cuando el comprador es persona física y el bien no alcanza los quinientos euros de valor. En ese tramo desaparece incluso la obligación de autoliquidar, lo que deja fuera del impuesto la mayoría de las ventas domésticas.

Navarra conserva derecho civil propio a través del Fuero Nuevo, la Ley 1/1973 reformada por la Ley Foral 21/2019, y los territorios históricos del País Vasco mantienen haciendas forales, de modo que el tipo y el modelo de autoliquidación se consultan en la diputación de Álava, Bizkaia o Gipuzkoa. En el resto de comunidades rige el 4 por 100 salvo tipo autonómico propio. El punto de conexión conviene tenerlo claro: en bienes muebles el impuesto se liquida donde reside el comprador, no donde vive el vendedor ni donde se firmó el contrato.

El formulario empieza preguntando quién vende y quién compra, con los datos que después encabezarán el documento. Luego se describe el bien: los campos se adaptan a la categoría elegida, de manera que un equipo electrónico pide número de serie e IMEI mientras una bicicleta pide número de cuadro y una lavadora marca, modelo y antigüedad. La descripción de defectos conocidos merece unos minutos, porque es la que blinda al vendedor frente a reclamaciones posteriores.

El bloque económico recoge el precio, el medio de pago y si la entrega coincide con el abono o queda aplazada. Después se elige el régimen de garantía: aceptación del bien en el estado en que se encuentra, con la limitación legal que impide amparar la mala fe, o saneamiento ordinario. El último paso fija fecha, lugar de firma y número de ejemplares. El documento se genera al instante en Word y PDF, listo para firmar por duplicado o rubricar con firma electrónica.

El error número uno es describir el bien de forma genérica. "Un televisor Samsung" no identifica nada: sin número de serie, el vendedor no demuestra que el aparato devuelto sea el que entregó, y el comprador no acredita ante su seguro qué le robaron. El segundo consiste en confiar en el chat de la aplicación como prueba, porque esos historiales se depuran y las cuentas se borran. El tercero es copiar cláusulas de garantía de contratos de consumo, con sus dos o tres años de cobertura, cuando entre particulares el plazo baja a seis meses.

Muchos vendedores creen además que la fórmula "vendido como visto y probado" les exime de todo. No es cierto: el pacto es válido, pero decae en cuanto se prueba que el vendedor conocía el defecto y lo silenció. El último fallo llega en la reclamación. Un correo pidiendo la devolución del dinero no deja constancia suficiente; cuando el asunto se pone serio, la vía es un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, que acredita fecha y texto exacto del requerimiento.