Contrato de préstamo entre particulares: plantilla legal 2026

El contrato de préstamo entre particulares es la figura regulada en los artículos 1740 a 1757 del Código Civil bajo el nombre técnico de préstamo mutuo o mutuo. Una de las partes, el prestamista, entrega una suma de dinero a la otra, el prestatario, que se obliga a devolver el mismo importe transcurrido el plazo acordado. La esencia del contrato está en la obligación de restitución: sin compromiso de devolución no hay préstamo, hay donación, y las consecuencias fiscales son radicalmente distintas.

La práctica diaria mezcla dos figuras muy parecidas que conviene separar. El préstamo entre particulares en sentido estricto cubre operaciones puntuales entre personas físicas que se conocen, sin intermediación financiera y, casi siempre, en el círculo familiar. El reconocimiento de deuda cubre otra situación : la deuda ya existe y solo se quiere dejar constancia. Cuando el dinero todavía no se ha entregado y se va a entregar precisamente para ser devuelto, el documento correcto es el contrato de préstamo, no el reconocimiento. Confundir los dos es el error más frecuente y deja al prestamista con un papel que, ante un juez, no acredita la entrega del dinero.

El régimen español del préstamo entre particulares descansa sobre cuatro pilares legales que conviene conocer antes de firmar. El primero es el ya citado Código Civil, que define el préstamo mutuo como contrato real : se perfecciona con la entrega efectiva del dinero, no con la firma. Esto explica por qué la jurisprudencia exige siempre acompañar el contrato de una prueba bancaria de la transferencia. El segundo pilar es la Ley 7/1995 de Crédito al Consumo y la Ley 16/2011, que solo se aplican cuando el prestamista actúa profesionalmente : un padre que presta a su hijo queda fuera de su ámbito y no necesita registrarse como prestamista.

El tercer pilar es fiscal y suele ser el que más sorprende. El préstamo entre particulares está sujeto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD), pero exento de pago efectivo por el artículo 45.I.B.15 del Real Decreto Legislativo 1/1993. La trampa está en que la exención solo se aplica si se declara : hay que presentar el modelo 600 en la Comunidad Autónoma correspondiente, normalmente en los 30 días hábiles siguientes a la firma. No presentarlo no genera impuesto, pero deja a Hacienda libre para calificar la operación como donación encubierta en caso de inspección, con cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sanción del 50 al 150 %. El cuarto pilar lo aporta la Ley General Tributaria en su artículo 108 : si los intereses pactados son cero o muy inferiores al mercado, Hacienda puede imputar un interés legal del dinero presunto (3,25 % en 2026) a efectos del IRPF del prestamista, aunque no haya cobro real. El resumen oficial actualizado de la Agencia Tributaria sobre la tributación de préstamos entre particulares puede consultarse en la guía oficial de la Agencia Tributaria sobre ITP-AJD aplicable a préstamos entre particulares, que recoge los formularios autonómicos vigentes y las casillas exactas del modelo 600.

El supuesto más habitual es el préstamo familiar para la entrada de una vivienda. Los padres adelantan entre 20.000 y 60.000 € al hijo para cubrir el 20 % que el banco no financia, y el documento sirve para tres cosas : justificar la procedencia de los fondos ante el notario el día de la firma de la hipoteca, evitar la presunción de donación ante Hacienda, y dejar claro entre hermanos que la operación es un anticipo reembolsable, no una mejora encubierta del legítimo. La segunda situación, casi tan frecuente, es el préstamo entre socios de una pequeña sociedad limitada que necesita tesorería puntual y prefiere evitar la complejidad de una ampliación de capital o un préstamo participativo. La operación se documenta como cuenta de socios en la contabilidad, pero el contrato sigue siendo un préstamo civil entre personas físicas.

El tercer escenario son los préstamos entre amigos para emprender un negocio común, comprar un vehículo de segunda mano o sufragar unos estudios en el extranjero. Aquí el documento cobra un valor diferente : protege la amistad. Sin contrato, una desavenencia personal contamina la deuda y la posibilidad de reclamar judicialmente se reduce a la palabra de cada uno. Un edge case poco conocido pero cada vez más frecuente es el préstamo del propietario de una vivienda alquilada al inquilino para cubrir una fianza, una mudanza o el primer mes : la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos no lo prohíbe, pero exige documentarlo aparte del contrato de arrendamiento para que no se confunda con un descuento en la renta a efectos del IRPF del arrendador.

• La identificación completa de las partes incluye nombre, apellidos, DNI o NIE, estado civil, régimen económico matrimonial y domicilio. El régimen importa más de lo que parece : si el prestatario está casado en gananciales y la deuda se considera ganancial, el cónyuge responde con su mitad del patrimonio común, y para reclamar habrá que demandarlo también. La omisión del DNI invalida la fuerza probatoria del documento ante el Juzgado de Primera Instancia en procedimientos monitorios.
• El importe y la moneda se expresan en cifra y en letra para evitar el clásico fraude del cero añadido. Si la cantidad supera los 2.500 €, la Ley 7/2012 contra el fraude fiscal prohíbe el pago en efectivo entre particulares no profesionales : la entrega debe hacerse por transferencia bancaria, y el justificante se adjunta al contrato. Pagar en efectivo por encima de ese límite expone a ambas partes a una sanción del 25 % del importe.
• La causa y el destino del préstamo son recomendables aunque no obligatorios. Indicar "para la adquisición de la vivienda sita en …" refuerza la calificación civil de la operación y dificulta que Hacienda la reinterprete como donación. En préstamos familiares de cierta cuantía, esta cláusula es decisiva en una inspección.
• El plazo de devolución y el calendario de pagos definen si la restitución es íntegra al vencimiento o se fracciona en cuotas mensuales. Conviene fijar fecha exacta y, si hay cuotas, un cuadro de amortización anejo. La ausencia de plazo cierto hace al préstamo exigible a voluntad del prestamista, lo que en la práctica genera litigios porque el prestatario sostiene que se pactó un plazo verbal.
• Los intereses pactados pueden ser cero (préstamo gratuito) o remunerados, pero deben constar expresamente. La Ley de Represión de la Usura declara nulos los intereses notablemente superiores al normal del dinero ; en préstamos familiares el riesgo es el opuesto, los intereses excesivamente bajos que Hacienda recalifica.
• Las cláusulas de vencimiento anticipado y penalización por mora permiten al prestamista exigir la totalidad si el prestatario incumple dos o tres cuotas consecutivas, y fijar un interés moratorio sobre las cantidades impagadas, que normalmente se sitúa en el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, en línea con el artículo 1108 del Código Civil.

Cataluña mantiene su propio régimen sucesorio en el Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, lo que afecta a los préstamos familiares con vocación de convertirse en herencia. Un préstamo de padre a hijo no condonado en vida computa como deuda a favor de la herencia y reduce la legítima de los demás herederos. La presentación del modelo 600 se hace ante la Agència Tributària de Catalunya y el plazo se cuenta desde la fecha del contrato. Conviene también revisar la guía local sobre trámites administrativos cotidianos en España para los modelos complementarios que suelen acompañar al préstamo.

Madrid aplica una bonificación del 99 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, lo que tiene un efecto colateral : si Hacienda autonómica recalifica el préstamo como donación, la cuota es casi simbólica, pero la sanción tributaria por no haber declarado se mantiene íntegra. El modelo 600 se presenta por vía telemática a través del portal de la Comunidad de Madrid, y el sistema admite la firma con Cl@ve sin necesidad de certificado digital.

Comunidad Valenciana y Baleares han endurecido en los últimos años el cruce de datos entre transferencias bancarias y declaraciones de ITP. Los servicios de inspección detectan transferencias entre cuentas familiares por encima de 10.000 € y emiten requerimientos automáticos cuando no encuentran el modelo 600 asociado. Responder con un contrato fechado a posteriori es un error : la fecha cierta del documento privado se prueba por su presentación ante la administración (artículo 1227 del Código Civil).

País Vasco y Navarra quedan fuera del régimen común porque tienen Hacienda Foral propia. Los formularios equivalentes al modelo 600 son el 600 foral en las tres diputaciones vascas y el modelo 600 de Navarra, con plazos y casillas distintos. Un préstamo entre un residente vasco y uno común se rige por el régimen del domicilio del prestatario, lo que en la práctica genera situaciones de doble verificación.

El recorrido empieza eligiendo el tipo de préstamo : gratuito o con intereses. Esta primera decisión condiciona toda la lógica del formulario, porque activa o desactiva el cálculo automático del cuadro de amortización y los avisos fiscales sobre interés presunto. A continuación se introducen los datos de prestamista y prestatario, con verificación automática del formato del DNI o NIE para evitar errores que invaliden el documento en una reclamación monitoria. El formulario adapta los campos al régimen económico matrimonial declarado : si el prestatario está en gananciales, se ofrece la opción de incluir el consentimiento del cónyuge, que aporta una seguridad adicional muy valorada por los notarios.

Después se introduce el importe, en cifra y en letra, y la fecha de entrega. El sistema recuerda automáticamente el límite de 2.500 € para pagos en efectivo y genera la mención de la transferencia bancaria si se supera. Se pasa entonces a configurar el plazo : un único vencimiento o cuotas mensuales, trimestrales o anuales, con la posibilidad de fijar un período de carencia inicial muy útil en préstamos familiares para la entrada de una vivienda. Antes de generar el documento, una pantalla resume las obligaciones fiscales : presentación del modelo 600, plazo de 30 días y enlace al portal autonómico correspondiente. El modelo de carta de autorización está disponible por si una de las partes necesita que un tercero presente el modelo 600 en su nombre.

El error más caro es no presentar el modelo 600, aunque el préstamo esté exento. La exención no es automática : se concede previa declaración. Cuando Hacienda detecta la transferencia y no encuentra el modelo, la presunción legal es donación, la cuota se calcula sobre el importe íntegro y la sanción mínima ronda el 50 %. El segundo error, casi tan frecuente, es pactar interés cero sin advertir del riesgo de imputación de interés presunto en el IRPF del prestamista. Hacienda no obliga a cobrar intereses, pero sí puede imputarlos a efectos fiscales, lo que genera la paradoja de pagar IRPF por unos rendimientos que no se han percibido. La defensa frente a esta imputación se basa en probar la naturaleza familiar y gratuita de la operación, y el contrato escrito con causa expresa es la mejor prueba.

Otra trampa habitual es prestar dinero al cónyuge en gananciales sin separar el patrimonio. Una transferencia entre cónyuges no genera deuda real porque el dinero ya pertenece a ambos, y el supuesto contrato es jurídicamente nulo por falta de causa. La situación inversa también engaña : un padre que presta a un hijo casado en gananciales debe decidir si la deuda es privativa del hijo o ganancial, y la cláusula correspondiente debe figurar en el contrato. El cuarto error, propio de los préstamos entre amigos, es olvidar la fecha cierta : un documento privado solo es oponible a terceros desde su presentación ante una administración, su incorporación a un protocolo notarial o el fallecimiento de un firmante. Para préstamos importantes, elevar el contrato a escritura pública por unos 60 euros de notaría aporta fecha cierta y, sobre todo, convierte el documento en título ejecutivo según el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que permite saltarse el juicio declarativo en caso de impago.